La justicia paraguaya aprieta un punto clave en la investigación sobre el entramado de ocultamiento de bienes de la familia del fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gomes, confirmando que la política y los negocios turbios siguen bajo una lupa implacable. La jueza especializada en crimen organizado, Rosarito Montanía, resolvió ratificar la prisión preventiva de Roberto Cubilla, el precandidato a concejal de Luque (lista del intendentable Hugo Farías), sospechoso de actuar como el nexo crucial para el «blanqueamiento» de valiosos inmuebles y vehículos, todo con el fin de evitar que el Estado se quede con ellos.
A pesar de los feroces intentos de su defensa por sacarlo de la celda, la magistrada consideró que el peligro de que Cubilla obstruya la marcha de la justicia sigue estando completamente latente. El abogado defensor, Damián Arévalo, intentó jugarse una carta millonaria al solicitar el arresto domiciliario de su cliente, ofreciendo como garantía una fianza real imponente: un inmueble ubicado en el Departamento de Presidente Hayes, valuado en la astronómica cifra de 8.877.192.000 de guaraníes. Sin embargo, el peso del dinero no logró doblegar el criterio de la jueza.
La estrategia de la defensa se centró en atacar los cimientos de la imputación fiscal, calificándola de genérica y carente de respuestas lógicas. Según el argumento del abogado, el Ministerio Público acusa a Cubilla de facilitar transferencias pero no logra identificar con precisión quiénes eran sus supuestos contactos oficiales o bajo las órdenes de quién operaba en las sombras.
Para la defensa, todo se reduce a un simple trámite donde su cliente supuestamente adquirió dos protocolos por 200.000 guaraníes y recibió un pago de 14.000.000 de guaraníes de la firma Castellanos S.A. tras presentarse como escribano, una versión que catalogan como desproporcionada frente a la gravedad de los cargos y que deja flotando premisas sin respuestas certeras.
Pero para la jueza Montanía, las sospechas tienen un anclaje mucho más firme. La resolución concluye de manera tajante que existen suficientes elementos de convicción para sostener que Roberto Cubilla Sanabria sería presunto autor o partícipe de los graves hechos punibles investigados, manteniendo el candado sobre su reclusión.
La caída de Cubilla ocurrió el pasado 26 de mayo, en medio de una serie de allanamientos simultáneos que sacudieron la mañana bajo el nombre de Operativo “Copia Fiel 2.0”, una secuela directa de los procedimientos iniciados en septiembre de 2025. Cinco fiscales lideraron los golpes que buscan desenterrar los secretos de una red dedicada a salvar el patrimonio de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del exdiputado. Según los datos que manejan los investigadores, el precandidato luqueño no era un simple gestor, sino el puente perfecto, el eslabón que conectaba a quienes buscaban esconder sus riquezas con los funcionarios capaces de estampar la firma legal a las transacciones.
Fuente: Observapy
