La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso extraordinario de casación presentado por el estadounidense Kiantar Betancourt y otros procesados, en el marco de una causa por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y tentativa de estafa. El fallo fue dictado por los ministros Manuel de Jesús Ramírez Candia y los camaristas Paublino Escobar Garay y Adriana María Giani Rojas.
“Los abogados Arturo Daniel (presidente del Colegio de Abogados del Paraguay) y Rodrigo Yódice, en representación del imputado Kiantar Betancourt, sufrieron una vez más un duro revés en su afán de esquivar a la justicia”, manifestó el abogado Gerardo Galeano, representante legal de la Asociación Espíritu Santo, denunciante en el proceso.
De acuerdo con la resolución judicial, la Sala Penal rechazó el recurso por haber sido presentado fuera de plazo contra el A.I. N.º 347 del 30 de diciembre de 2024, dictado por el Tribunal de Apelaciones de la Primera Sala.
“De esta manera, deberá llevarse adelante la audiencia preliminar de los mismos y practicarse las diligencias pendientes requeridas por el Ministerio Público para avanzar con la investigación penal”, añadió Galeano.
El representante de la Asociación recordó que, tras ocho años, la Corte destrabó finalmente una causa que involucra a representantes de empresas offshores. El Ministerio Público había imputado el 17 de octubre de 2017 a Kiantar Betancourt, señalado como presunto representante en Paraguay de las citadas firmas extranjeras como Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, todas registradas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y Chipre.
Según informan, la imputación sostiene que Betancourt y otros implicados habrían insertado hechos y declaraciones falsas en actas notariales, simulando una deuda inexistente de USD 15 millones a nombre de la Asociación Espíritu Santo. A partir de esa supuesta deuda, las firmas offshore iniciaron un proceso judicial para la titulación de 310.000 hectáreas de tierras valuadas en USD 500 millones, como garantía del supuesto préstamo.
Las empresas de maletín fueron favorecidas con una controvertida sentencia de la exjueza Tania Irún, quien ordenó transferir las tierras ubicadas en una zona protegida por la Ley de Seguridad Fronteriza. Esa decisión derivó en la destitución de Irún por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Además de una acusación por prevaricato.
