La Fiscalía mantiene firme la investigación contra el expresidente de Petróleos Paraguayos, Eddie Jara, por presunto enriquecimiento ilícito tras detectarse graves e inexplicables descuadres en su patrimonio. La causa nació a partir de un demoledor informe de la Contraloría General de la República que reveló una estructura financiera insostenible, con inconsistencias que superan los 1.000 millones de guaraníes entre septiembre de 2023 y noviembre de 2025.
El expediente, en manos de la fiscala Yeimy Adle, avanza con la solicitud de informes a distintas instituciones y periciales pendientes. Entre los requerimientos clave figura un reporte de la Auditoría General del Poder Ejecutivo que aún no fue remitido al Ministerio Público. A diferencia del ente de control, la Fiscalía cuenta con la potestad de cruzar datos con el sector financiero privado para rastrear cada guaraní no registrado, aunque hasta el momento el exfuncionario no ha sido formalmente imputado.
Los auditores trazaron dos escenarios que comprometen la trazabilidad de su dinero. En el primer cálculo se detectó un descalce de 1.549 millones de guaraníes por supuestos cobros en efectivo de préstamos otorgados a terceros. En el segundo, el desfasaje alcanza los 1.135 millones de guaraníes, donde Jara intentó justificar 413 millones mediante recibos comunes sin certificación legal ni respaldo bancario. Ninguna de estas operaciones pasó por el sistema financiero, lo que encendió las alarmas de los investigadores.
Tras verse acorralado por las primeras observaciones, el ex titular de la petrolera estatal intentó acomodar sus números ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios mediante rectificaciones de su Impuesto a la Renta Personal. Los ajustes mostraron maniobras llamativas: sus ingresos del año 2023 saltaron imprevistamente un 482 %, mientras que sus gastos reportados para 2020 cayeron en un 99 %, pasando de declarar egresos por más de 515 millones de guaraníes a asegurar que en todo ese año solo gastó 3.450.000 guaraníes.
Jara dimitió a la presidencia de Petropar en medio de fuertes críticas por sus ostentaciones públicas junto a su pareja, la diputada Johana Vega, cuyos bienes también están bajo el radar de la Contraloría. Asimismo, el informe menciona transacciones con figuras políticas como la actual ministra de la Juventud, Salma Agüero, quien en 2021 le compró un inmueble en San Bernardino que posteriormente terminó en manos del hermano de la exfiscala general Sandra Quiñónez. Con pericias en marcha y nuevos cabos por atar, la justicia avanza para determinar el origen del llamativo salto patrimonial.
Fuente: ABCDigital
