El abogado de los representantes de SUAR S.A., Francisco de Vargas, afirmó que ellos carecieron de intención de engaño y que el conflicto por la no entrega de cuatro departamentos del proyecto Cibera Park se debió a conflictos societarios que están judicializados y deben dirimirse en el ámbito civil. Aseguró, además, que un exsocio del proyecto, Eduardo Klinger, está prófugo y con orden de captura vigente.
El juicio oral por la presunta estafa que involucra a Pablo Suárez y María José Arce, representantes de SUAR S.A., se da en el marco del reclamo de cuatro departamentos del proyecto Cibera Park, que está en un 70% de ejecución. Se firmó un contrato mediante el cual se comprometieron a entregar cuatro unidades habitacionales a los reconocidos exjugadores Rodrigo Muñoz y Juan Manuel Salgueiro. El juicio inició este viernes con declaraciones testimoniales, mientras que la etapa de incorporación documental aún no comenzó.
El abogado defensor, Francisco de Vargas, reiteró que el caso no debería debatirse en sede penal. “Desde nuestro punto de vista, esto no es una cuestión que deba debatirse en el ámbito penal, es una cuestión de orden civil, de cumplimiento de contrato. De hecho, hay demandas en lo civil en las cuales esta cuestión debe dirimirse aún”, sostuvo.
Mencionó que existe un conflicto societario y paralización de la obra. De Vargas explicó que los querellantes reclaman montos abonados por la compra de departamentos “en pozo”. Indicó que los acusados constituyeron una sociedad y avanzaron con la construcción del edificio, cuyo grado de ejecución rondaría el 70%, según una pericia que será presentada durante el juicio.
El abogado señaló que la obra quedó paralizada tras desavenencias contractuales con sus entonces socios comerciales. “Se cruzaron demandas y hasta denuncias por hechos punibles”, afirmó. En ese contexto, subrayó que uno de los exsocios, Eduardo Klinger, está prófugo y con orden de captura vigente, situación que —según la defensa— impactó directamente en la posibilidad de culminar el proyecto y entregar las unidades comprometidas.
La defensa sostiene que no existió intención de engaño, es decir, no hubo dolo. La falta de entrega de los departamentos no configura un supuesto engaño. “Insisto, acá los perjudicados son los acusados Pablo Suárez y María José Arce. Ellos están sufriendo un proceso penal por una supuesta estafa, cuestión que no existió. Ellos jamás han tenido la intención de estafar o de dejar de entregar esos departamentos, que están construidos en un 70%”, expresó.
Agregó que los acusados abonaron multas por retrasos, mantuvieron contacto con los querellantes y ofrecieron alternativas de acuerdo. No obstante, aseguró que “las pretensiones de los querellantes son muchísimo más elevadas que aquello que pagaron por sus departamentos”.
El abogado insistió en que el tema debe resolverse en la vía civil, dado que existe un litigio pendiente relacionado con el mismo proyecto. “Esto es absolutamente injusto, no es estafa. Es una cuestión que, de hecho, está demandada y tiene que dirimirse en el ámbito civil”, afirmó.
Finalmente, expresó confianza en una resolución favorable. “Seguiremos con el juicio y estamos convencidos de que vamos a lograr la absolución de los acusados que, insisto, están siendo injustamente procesados y, amén del perjuicio económico que han sufrido por no poder culminar el edificio, están sufriendo ahora este proceso penal”, remarcó el doctor De Vargas.
