En la noche del martes 15 de septiembre de 2026, Helga Lizany Concepción Solís Gómez, de 40 años, tomó la decisión de ponerse a disposición de la Justicia.
La abogada y asistente fiscal del Ministerio Público—comisionada últimamente en la Municipalidad de Cerro Corá— caminó hasta una sede policial de Pedro Juan Caballero para entregarse, luego de que agentes allanaran su vivienda en la capital del Amambay y la declararan prófuga tras huir de su domicilio. Inmediatamente fue trasladada a Asunción bajo estricta custodia.
Solís Gómez, sobrina del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y prima del presunto narcotraficante encarcelado Alexandre Rodrigues Gomes (alias Alex), no es una acusada más. La imputación redactada por la fiscala titular Ingrid Giselle Cubilla Villamayor junto a los fiscales coadyuvantes Luis Amado Said Frágueda, Christian José Ortiz Riveros y José Martín Morínigo Coronel —de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado— la señala como la pieza fundamental para filtrar secretos y manipular expedientes judiciales en favor del denominado Clan Gomes. Entre 2019 y 2023, la mujer presuntamente articuló una extensa red de impunidad para una estructura de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.
Los cargos que enfrenta la funcionaria pública son graves: asociación criminal, tráfico de influencias y frustración de la persecución y ejecución penal agravada por la condición funcional. Los agentes del Ministerio Público solicitaron su prisión preventiva, medida que debe ser resuelta por el juez Humberto Otazú, quien interina al magistrado Osmar Legal.
El expediente judicial del caso bautizado como #LaMafiaManda expone con lujo de detalles las maniobras que Solís Gómez habría ejecutado para torcer la vara de la justicia. En junio de 2019, mientras ejercía como asistente fiscal en Pedro Juan Caballero, habría adulterado un acta policial en la causa contra Kadú Cezar Machado —un peligroso presunto sicario del Primer Comando da Capital (PCC)— para recalificar su falta como un simple delito y no como un crimen. Para esa jugada coordinó previamente con el entonces juez Juan Martín Areco, siguiendo instrucciones directas de su tío Lalo Gomes, logrando que el procesado obtuviera medidas alternativas a la prisión.
Su historial de favores judiciales abarcó diversas causas. En abril de 2020 abogó ante el fiscal Marco Amarilla y de nuevo ante el juez Juan Martín Areco para salvar de una causa por violación de la cuarentena del covid a Bruna Cristiane Aguiar Silva. Ese mismo año desplegó influencias en la causa de Claudia Andrea Cuevas Sierich sobre lesión de confianza y estafa bancaria, maniobrando para ocultar que Lalo Gomes y su hijo Alexandre recibieron en sus cuentas bancarias fondos desviados del Banco BBVA.
En noviembre de 2021 intercedió por el policía Jhony Ariel Giménez Amarilla, procesado por implantar cocaína a un comerciante, pidiendo a su tío parlamentario que negociara la prisión domiciliaria con los integrantes del Tribunal de Apelaciones, entre ellos el juez Modesto Cano. En agosto de 2023 volvió a maniobrar a favor del sicario del PCC Kadú Cezar Machado Da Silva y de Julio Javier Benítez Silva, acusados del intento de homicidio de Nelson Gustavo Amarilla Elizeche, alias Norteño, supuesto líder del PCC en la frontera. En esa ocasión coordinó la estrategia procesal con el defensor público Ricardo Beraud Sartori e intentó contactar a la jueza Adela Brizuela.
Sin embargo, su operación más escandalosa estalló en diciembre de 2023 durante la Operación Sanctus de la Policía Federal de Brasil. Solís Gómez alertó a su tío y a su primo para facilitar la fuga del presunto capo narco Ronaldo Mendes Nunes, coordinando directamente con altos mandos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) la eliminación de pruebas. «Ya administramos todo con Aldo y Amarilla», redactó en un mensaje que terminó sepultando la impunidad de la rosca.
La imputación salpica a una pesada cúpula de la Senad y las Fuerzas Armadas. Entre los procesados figura el cónyuge de Solís Gómez, el coronel del Ejército Paraguayo Aldo Osmar Pintos Martínez (50 años), excomandante de las Fuerzas Especiales de la Senad y asignado al Comando Logístico de las Fuerzas Militares, imputado por asociación criminal, frustración de la persecución penal agravada, omisión de evitar un delito y tráfico de influencias. El militar no solo filtraba datos operativos que su pareja transmitía al diputado, sino que en octubre de 2023 le pidió a Lalo Gomes que intercediera ante una magistrada para quedarse con un vehículo como depositario judicial, a lo que el legislador le respondió asegurándole la gestión.
La lista de imputados se completa con Hugo Derlis Baptista Báez (56 años), director general Antidrogas de la Senad y primo hermano de Lalo Gomes, imputado por asociación criminal, omisión de prevenir, detentación ilegal y tráfico ilícito de armas por ofrecerle en venta al diputado un fusil Mauser calibre 7,62 x 51 mm OTAN de uso exclusivo de las fuerzas públicas; Cristian Porfirio Amarilla Cabaña (48 años), director de Inteligencia de la Senad, imputado por asociación criminal, frustración penal y omisión por filtrar datos del narcotráfico y manipular el informe Pavo Real 1 para blanquear a Lalo Gomes eliminando su vínculo con la estancia Negla Poty; y la agente Alicia Marlene Vázquez Samaniego (43 años), jefa de Investigación del Crimen Organizado, imputada por omitir intencionalmente al clan en el análisis de bienes y testaferros de Jarvis Chimenes Pavão. Mientras el director Cristian Amarilla se entregó junto a su abogado, el exministro Francisco De Vargas, la entrega de Helga Lizany Solís Gómez marca el desplome definitivo de la red de infiltración que pretendió adueñarse de la justicia paraguaya.
Fuente: ABCDigital
