«IN-certidumbre y DU-da en gran empresa FAR-macéutica. El comunicado no responde a las acusaciones ni desmonta los argumentos planteados por la contraparte ante la justicia y la opinión pública. O no quieren hablar del tema que origina el conflicto o no saben cómo hacerlo.» Con esta frase, el periodista Enrique Gamarra expone una crisis que goloea la credibilidad del sector farmacéutico y la seguridad jurídica en Paraguay.
El análisis del comunicador se refiere al fallido intento de control de daños de INDUFAR C.I.S.A., que ante graves acusaciones prefirió emitir un comunicado cargado de retórica corporativa pero vacío de respuestas. La firma buscó blindarse apelando a sus 50 años de trayectoria, sus 1.200 empleados y su peso gremial, evadiendo dar explicaciones sobre los hechos concretos denunciados ante los tribunales.
El conflicto surge tras las denuncias del directivo norteamericano de BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A., quien expuso en dos cartas abiertas un presunto esquema de estafa, despojo e inobservancia contractual. La firma extranjera aportó capital y tecnología para desarrollar la tirzepatida en el país bajo estricta confidencialidad con INDUFAR. Sin embargo, la alianza derivó en una causa penal que mantiene imputados a los principales directivos de la farmacéutica por estafa y lesión de confianza, con un perjuicio estimado en más de cuatro millones de dólares.
En sus misivas, el inversor norteamericano detalló cómo INDUFAR desobedeció órdenes judiciales —entregando apenas 500 unidades de las 150.000 fijadas por la justicia— y recurrió a maniobras procesales en juzgados del Alto Paraná. El directivo apeló directamente al presidente Santiago Peña, alertando que esta clase de atropellos liquida el discurso de atracción de inversiones e impone la impunidad sobre la ley.
Ante la contundencia del caso, INDUFAR atinó a argumentar que se trata de un diferendo meramente privado que debe resolverse vía arbitraje, tildando las acciones judiciales de acoso. No obstante, omitir las imputaciones penales y los cuestionamientos por desacato solo confirma el diagnóstico de Gamarra: escudarse en el peso económico antes que desarmar jurídicamente las acusaciones transmite un mensaje devastador para el mercado y deja en entredicho el estado de derecho.
