Hizo falta una nueva tragedia, seis fallecidos y una indignación popular insostenible para que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones finalmente descubriera que tenía brazos, piernas y presupuesto.
Tras el sangriento accidente del pasado fin de semana en el tristemente célebre «semáforo de la muerte» en Pedrozo, la institución conducida por la ministra Claudia Centurión desplegó una milagrosa e inédita agilidad para expropiar y tomar posesión de 12 de las 13 propiedades que venían trabando la construcción del tan ansiado viaducto en la ruta PY02.
Resulta que la burocracia estatal no era tan invencible como nos querían hacer creer, solo necesitaba una tragedia para reaccionar. El tan esperado paso a desnivel debía estar terminado y entregado en mayo pasado, pero la «desidia administrativa» mantuvo congelados los trámites durante meses, dejando a miles de conductores a la buena de Dios en una ruleta rusa diaria.
Ahora, el MOPC movilizó a la Procuraduría, a la Policia Nacional y hasta a los síndicos del quebrado grupo Mocipar —dueño de los inmuebles liberados vía orden judicial— para tomar posesión de los terrenos a toda prisa e ingresar con la maquinaria pesada en una sola jornada.
Lo que antes tomaba un siglo de mareo institucional y excusas baratas sobre los G. 16.200 millones destinados al pago de expropiaciones, de repente se resolvió en cuestión de horas. La obra, que forma parte de una jugosa adenda de G. 42.300 millones firmada con el consorcio Rutas del Este (Sacyr y Ocho A), costará por sí sola más de G. 26.000 millones y promete, según las autoridades, incluir también una pasarela peatonal. Sin embargo, la tardía «eficiencia» gubernamental deja una marca imborrable en el asfalto: la vergonzosa certeza de que en este país el MOPC no trabaja a la velocidad de la planificación ni de las necesidades de la gente, sino estrictamente al ritmo del conteo de víctimas fatales.
Fuente: ABCDigital
