El Instituto de Previsión Social posee un tesoro inmobiliario valuado en casi 304 millones de dólares, una fortuna repartida en 929 propiedades que deberían ser la mina de oro para asegurar el futuro de los jubilados paraguayos. Sin embargo, la pésima gestión convirtió este patrimonio en una máquina de perder dinero.
Un demoledor informe de la Contraloría General de la República acaba de destapar que, en solo tres años, la bajísima rentabilidad de estos inmuebles provocó un foso financiero de 10 millones de dólares.
La norma es clara: para proteger las reservas previsionales, las propiedades alquiladas por la institución deben generar al menos un 2% de rendimiento anual. Pero la realidad marchó muy lejos de esa meta. Entre 2023 y 2025, las ganancias rascaron cifras irrisorias de apenas entre el 0,46% y el 1,09%. Este desfasaje constante minó la solvencia del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, ahondando la incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Lo trágico es que el IPS administra sus activos al desmadre. De las casi mil propiedades en su catálogo, apenas 169 están alquiladas formalmente, mientras que 172 sufren de ocupaciones precarias y 482 permanecen abandonadas «a la espera de destino». El descontrol roza lo insólito: en verificaciones presenciales en lugares emblemáticos como el Paraná Country Club o en pleno centro de Ciudad del Este, los auditores hallaron dúplex y edificios enteros repletos de ocupantes irregulares que no pagan un solo guaraní desde que tomaron posesión, ante la mirada pasiva de las autoridades.
Para colmo de males, el propio Estado se convirtió en un inquilino moroso. Entidades como la Fiscalía, la Secretaría de Emergencia Nacional, ministerios y municipalidades arrastran deudas que superan los 28.400 millones de guaraníes por cánones de arrendamiento no abonados. Solo en el caso del Ministerio Público, la demora en cobrar genera un perjuicio que ronda los 12.000 millones de guaraníes. Ante semejante descalabro, la Contraloría urgió llevar a los morosos a los tribunales e iniciar auditorías internas para deslindar responsabilidades y aplicar sanciones a los culpables de que el dinero de los aportantes siga evaporándose.
Fuente: ABC Digital 
