La condena y encarcelamiento del exsenador Erico Galeano por hechos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero, representa mucho más que la caída de una figura política. Constituye una señal que la ciudadanía paraguaya necesitaba volver a ver, ya que cuando la justicia funciona, el poder deja de ser sinónimo de impunidad.
Durante años se instaló en nuestra sociedad, la peligrosa percepción de que ciertos sectores políticos, podían convivir con estructuras criminales, utilizar influencias, manipular instituciones y tocar la cosa pública sin enfrentar consecuencias reales, es decir, tener un castigo por el uso abusivo del poder.
Esa sensación fue erosionando lentamente la confianza ciudadana en el poder judicial, porque parecía existir una justicia severa para el ciudadano común y una indulgente para quienes acumulaban poder.
Por eso, cuando las instituciones actúan con firmeza frente a casos de alto impacto, el mensaje que se transmite tiene un enorme valor republicano; nadie debería estar por encima de la ley, sea cual fuere el cargo momentáneo en el que se encuentre.
No se trata de celebrar desgracias personales ni de convertir la justicia en espectáculo, ya que la triste figura de un senador de la nación esposado, no cae bien y hasta a más de uno causó lástima como ser humano.
Pero esto se trata de comprender que el combate contra el lavado de dinero, la corrupción y la infiltración criminal en la política exige decisiones valientes y señales claras, pues, la democracia no puede sostenerse sanamente cuando el crimen logra acercarse al poder o influir sobre él, permear las instituciones republicanas y poner en peligro el verdadero estado democrático de derecho.
Ojalá este caso sirva como advertencia para quienes hoy ejercen funciones públicas de forma momentánea o casual, o aunque sea de manera transitoria, ya que los cargos no son propiedades privadas ni blindajes eternos, son responsabilidades temporales otorgadas por la ciudadanía, y deben ser ejercidas con prudencia, transparencia y respeto absoluto por las instituciones.
Quien administra poder y, en especial, la cosa pública, debe entender que cada decisión deja huellas y que toda utilización indebida de la función pública termina deteriorando la confianza social, que es lo que estamos viendo en el movimiento Honor Colorado, porque tarde o temprano, cuando la justicia actúa con independencia y determinación, los privilegios políticos dejan de alcanzar, y este ejemplo (el caso Erico) es el que necesitamos para alertar a la cleptocracia instalada hoy en el país.
El Paraguay necesita a hombres y mujeres valientes al frente de instituciones que no teman investigar, jueces y juezas que no cedan ante las presiones y autoridades que comprendan que el servicio público exige honorabilidad y compromiso con la ley.
Cuando la justicia logra imponerse sobre la impunidad, no gana un sector político ni pierde otro: gana el Estado de Derecho, y con ello, también renace la esperanza de una ciudadanía cansada de observar cómo demasiadas veces el poder fue utilizado para proteger intereses oscuros antes que al pueblo.
Que este caso no sea una excepción, que sea una advertencia para el presente y un ejemplo para el futuro, porque aún están los Brites del IPS, los pupitres de Itaipú, los sobres de Mburuvicha Roga, los Rolex y las mansiones del presidente, y muchos otros casos que duermen el sueño de los justos en los anaqueles de la fiscalía.
Duele decirlo, pero hay que decirlo, como lo diría el Prof. Herken.
