Un nuevo escándalo salpica al diputado cartista Esteban Samaniego, quien acumula tres pedidos pendientes de desafuero por hechos de violencia física. Durante el último fin de semana, el parlamentario se vio envuelto en una riña sangrienta en la localidad de Quyquyhó, donde su custodio personal, Juan Pablo Martínez Ayala, fue denunciado por agredir y lesionar a un poblador.
Más allá de la violencia física, la situación tomó un tinte de escándalo administrativo al revelarse la situación laboral de Martínez Ayala. Según los registros oficiales de su declaración jurada ante la Contraloría General de la República, el custodio percibe un sueldo mensual de 10,5 millones de guaraníes financiados con recursos públicos de la Cámara de Diputados.
Lo llamativo del caso, además del presunto uso de fondos estatales para pagar la seguridad privada del legislador, es el cargo asignado. En el documento oficial consta que el funcionario cobra bajo el amparo de supuestas funciones de asesoría, evidenciando además groseras faltas ortográficas en el registro de su puesto, donde figura textualmente como «accesor lejislativo».
Fuente: ABC Digital
