Una seria denuncia penal presentada ante la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Estado sacude los cimientos del Instituto de Previsión Social. Los abogados Juan José Bernis y María Muñoz han solicitado formalmente al Ministerio Público abrir una investigación penal contra las máximas autoridades de la previsional que ejercieron funciones entre 2023 y 2026, incluyendo al expresidente del Consejo de Administración, Dr. Jorge Magno Brítez Acosta, y al exgerente de Abastecimiento, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz. La acusación apunta directamente a los presuntos delitos de lesión de confianza y malversación de fondos públicos, tras detectarse un presunto esquema de corrupción arraigado en los niveles más altos de la administración de la previsional.
El núcleo del escándalo radica en cinco procesos licitatorios multimillonarios que suman la astronómica cifra de 391.574.472.965 guaraníes. Las irregularidades detectadas describen un festival de descontrol administrativo: una sobrefacturación estimada en el 60% en servicios de higienización hospitalaria en comparación con llamados similares del Ministerio de Salud, contratos firmados sin estudios de costo-beneficio para sistemas informáticos, adjudicaciones millonarias de desinfección ambiental sin justificar la necesidad real de la institución, y llamativas superposiciones de contratos en servicios de fumigación. Para colmo, la denuncia salpica a la propia Directora de Auditoría Interna, Alicia Celeste Olazar Maciel, a quien la Contraloría le detectó el cobro de bonificaciones irregulares por más de 31 millones de guaraníes en medio de este escenario de supuesta complicidad.
Mientras los fondos de jubilados y aportantes se diluían en contratos presuntamente inflados aprobados por un Consejo cuyos miembros perciben dietas de 30 millones de guaraníes mensuales, la realidad en los hospitales alcanzaba niveles alarmantes. La denuncia resalta con crudeza el impacto social de estas maniobras: el desvío de estos fondos provocó que el stock crítico de medicamentos esenciales faltantes en las farmacias del IPS escalara de 125 a 152 ítems. El documento concluye exigiendo el dictado inmediato de medidas cautelares sobre los bienes de todos los denunciados para resguardar el patrimonio público, en un intento por hacer justicia frente a una gestión que prefirió el beneficio de unos pocos por encima de la salud de miles de paraguayos.
