El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, no puede desentenderse de las publicaciones realizadas respecto a las filtraciones de informaciones confidenciales que se dieron desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como garrote político para perseguir a los críticos del gobierno saliente, señaló el abogado Ricardo Preda.
“Lo que debe evaluar la Fiscalía es si las informaciones publicadas en los medios tienen la entidad y el soporte en evidencias. Lo que yo logré ver es que se hacen afirmaciones en los medios que van acompañadas de las evidencias, fotos de correos, entre otros que denotan que hay una evidencia mínima que sustentan esas informaciones”, afirmó Preda por el canal GEN/Nación Media.
Las declaraciones de Preda surgieron tras las afirmaciones del fiscal general del Estado (FGE), quien afirmó este jueves pasado que las informaciones publicadas en los medios “no tienen la fuerza para abrir un proceso judicial”, razón por la cual requirió que se presente una denuncia formal, rechazando de esa manera actuar de oficio. “Todo esto (las publicaciones en medio de prensa) puede ser considerado como una información suficiente para iniciar una investigación”, manifestó Preda.
De acuerdo a un trabajo investigativo realizado por los periodistas Jorge Torres y Cinthia Mora para el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal, luego de la “denuncia” del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio en el Congreso contra el exmandatario Horacio Cartes, coincidentemente, saltaron las mayores filtraciones de información confidencial desde la Seprelad. Documentos internos confirman que la institución manejada por Carlos Arregui era la que proveía información seleccionada dirigida a los enemigos políticos del Gobierno.
Al respecto, la viceministra Carmen Pereira figura como la principal operadora que ordenaba la inclusión de personas en la lista a ser investigadas en total violación a los procedimientos internos, ya que ni siquiera se habían generado reportes sospechosos ni pedidos de instituciones como la Fiscalía o la Contraloría General de la República. Pese a los escándalos por las filtraciones, la Seprelad nunca aplicó un protocolo, ignorando las recomendaciones de Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica).
“Todo tipo de información financiera es confidencial, solamente el titular de esa información puede autorizar su divulgación. En el caso particular de Seprelad la ley 1015 y las modificaciones posteriores a esa ley que es la que regula la Seprelad establecen específicamente el deber de guardar secretos sobre toda información que se maneje en esa institución. El deber de guardar secreto es dirigido específicamente a las personas que tienen esa cualidad (funcionarios de Seprelad)”, remarcó el abogado Preda.
El abogado, en representación del presidente de la República electo, Santiago Peña, incluso había impulsado el año pasado una denuncia contra el exsecretario privado del jefe de Estado Mario Abdo Benítez, Mauricio Espínola (actual diputado), tras una publicación en Twitter en la que habría revelado secretos privados obtenidos en calidad de funcionario público, los cuales guardan relación con el salario que percibió el economista por su trabajo en el sector privado.
“Esa información sobre el salario del presidente electo, Peña, salió efectivamente de Seprelad. Mediante algunos informes lo que pretendió de alguna manera es instalar ante la fiscal que investiga este caso de que esa información se pudo filtrar desde el Ministerio Público, pero justamente con algunas informaciones que se tiene ahora definitivamente de la Fiscalía no pudo haber salido, porque el sistema que tiene la Seprelad de brindar información lo hace de manera codificada cuando envía estas difusiones”, indicó.
