Una nueva polémica sacude los pasillos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Funcionarios del propio organismo alertaron sobre la Licitación Pública Nacional N.º 20/2026, una adjudicación de G. 1.500 millones destinada a la organización y gestión de la 49.ª Reunión del Comité Consultivo Permanente I, a realizarse del 7 al 11 de este mes.
La empresa beneficiada es GB Decoraciones S.R.L., una firma que no resulta ajena a la casa. Los trabajadores de la institución revelaron que esta misma compañía ya se había adjudicado tiempo atrás otro jugoso contrato de G. 500 millones para un evento del Mercosur. Con esto, la contratista suma G. 2.000 millones en eventos estatales, una coincidencia que levantó suspicacias e incluso pedidos de investigación urgente.
Según las versiones brindadas por el personal de la entidad, las miradas apuntan directamente a dos piezas claves en este engranaje. Por un lado, mencionan la presunta participación del funcionario Augusto Esteban Giménez Candia en los procesos operativos del evento. Por otro lado, señalan tras bambalinas a un contador identificado como Carlos “Pittu” Fuentes, quien habría operado como un intermediario decisivo para “empujar” la adjudicación en favor de la empresa ganadora.
Los funcionarios añaden un dato no menor sobre Fuentes: contaron que el profesional acarrea un historial salpicado por supuestas irregularidades administrativas en otra firma de la que formó parte. Por ello, desde el interior del ente cuestionan cuál fue su rol exacto, qué tipo de lazo mantiene con las autoridades y si su intervención fue declarada formalmente en el expediente.
A todo este rompecabezas se suma un ingrediente empresarial y familiar. La firma GB Decoraciones S.R.L. está vinculada a Carolina Castillo Barrail (conocida públicamente como Carolina de Garcete), esposa del abogado Jorge Raúl Garcete (h). Este último suma un antecedente judicial al ser imputado en 2008 por un faltante superior a G. 800 millones en la casa de cambios Money Exchange S.A. Si bien este caso judicial no implica una responsabilidad legal directa sobre la empresa adjudicada o su esposa, para los denunciantes internos representa un elemento clave dentro del mapa de conexiones que rodean a las adjudicaciones.
Ante la repetición de la misma proveedora y la sombra de un supuesto esquema de intermediación, dentro de Conatel exigen que la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas intervengan de inmediato para revisar el proceso de punta a punta, auditar las evaluaciones técnicas y aclarar si la licitación se ajustó a la transparencia o si fue diseñada a la medida de un solo jugador.
