La delgada línea entre defender al Estado y asegurar el bolsillo propio parece haberse desdibujado en la Procuraduría General de la República. En un giro tan polémico como lucrativo para los funcionarios implicados, las arcas públicas terminaron recibiendo las sobras de un millonario litigio, mientras que los abogados de la institución se aseguraron una tajada digna de un premio mayor.
Todo comenzó con un fuerte avance judicial en el caso Senasa , donde la Justicia había decretado un embargo por la suma de 4.304 millones de guaraníes contra los bienes de la Aseguradora Tajy. Sin embargo, con la soga al cuello, la empresa activó un salvavidas que la PGR aceptó sin el menor pestañeo: un acuerdo extrajudicial para cerrar los procesos de golpe por apenas 959.688.000 guaraníes. Esta drástica rebaja significó un pésimo negocio para el país, pero resultó redondo para los encargados de negociarlo.
El verdadero escándalo estalló al desglosarse el destino de ese dinero recortado. Lejos de priorizar la recuperación de los fondos públicos, el procurador delegado Facundo Filártiga Franco se embolsó de inmediato la impactante suma de 239.688.000 guaraníes en concepto de honorarios profesionales. Para el Estado paraguayo solo quedaron 720 millones. En matemáticas simples, la tajada que el abogado de la PGR desvió directamente a su cuenta personal representa un escandaloso 33% de lo que realmente ingresó a la caja fiscal. Mientras la ciudadanía espera que las instituciones cuiden cada guaraní, este acuerdo deja en evidencia cómo la maquinaria pública a veces funciona con una llamativa generosidad para los suyos.
Fuerte: ABC Digital
