Este jueves marca un hito en la política exterior paraguaya con la llegada del primer contingente de 25 inmigrantes que no fueron admitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Este arribo es el primer resultado tangible de la ampliación del acuerdo migratorio firmado en febrero de 2026 entre la Cancillería Nacional y la administración de Donald Trump, bajo el polémico concepto de «Tercer País Seguro».
El trasfondo de esta medida se remonta a agosto de 2025, cuando ambos países oficializaron un pacto de colaboración destinado a reubicar a solicitantes de asilo presentes en suelo estadounidense. Según los antecedentes publicados por ABC Digital, este acuerdo permite que personas rechazadas por Washington sean «reconducidas» hacia Paraguay para que nuestro país actúe como un facilitador en el proceso de repatriación a sus naciones de origen o, en su defecto, evalúe solicitudes de refugio a través de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare).
En la reciente conferencia de prensa, las autoridades aclararon las dudas sobre el financiamiento de este operativo, un punto que ha generado debate ciudadano. Se confirmó que Paraguay no asumirá los costos económicos de la logística: los gastos de alimentación, traslado y estadía de estos 25 extranjeros serán cubiertos íntegramente por el gobierno de los Estados Unidos.
El rol de Paraguay se limita a la gestión administrativa y de seguridad, funcionando como un puente migratorio dentro de una estrategia regional para «compartir la carga» de la migración irregular en el hemisferio.
