Un millonario equipamiento de inteligencia que costó 12 millones de dólares tiene hoy al Poder Ejecutivo enredado en un mar de explicaciones contradictorias. La polémica se encendió tras la orden de mudar el avanzado sistema de interceptación telefónica de la Secretaría Nacional Antidrogas a la propia sede del Ministerio del Interior, resucitando una vieja dependencia que se había prometido erradicar por completo.
La historia comenzó con una promesa de independencia total. Para no quedar atada a las limitaciones de la Policía Nacional —que desde 2014 operaba un equipo obsoleto limitado a redes 2G—, la Senad justificó una millonaria inversión financiada a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY). El objetivo era ambicioso y directo: comprar un mediador propio de última tecnología capaz de rastrear llamadas en redes 3G, 4G, VoLTE y la moderna tecnología 5G, garantizando una autonomía absoluta para las investigaciones antinarcóticos.
La jugada se concretó con la adjudicación a la firma TSV del Paraguay SRL, representada por Pablo Salinas.
Sin embargo, el guion cambió radicalmente. Una orden oficial emitida por el MITIC dispuso el desmantelamiento de esa autonomía para trasladar la plataforma tecnológica a la misma dependencia policial que se pretendía esquivar.
Desde el MITIC salieron al paso argumentando que no se trata de un interceptador directo de audio, sino del sistema encargados de la señalización y ruteo de llamadas. Según esta versión, el Ministerio del Interior operará únicamente como un servidor físico o punto de alojamiento para evitar duplicar conexiones con las empresas telefónicas, asegurando que la reserva de las investigaciones judiciales no sufrirá sobresaltos gracias a un aislamiento digital de los datos.
En la otra vereda, la versión de la Senad suma más confusión al tablero. Lejos de admitir una pérdida de autonomía, el titular Antidrogas afirmó que el proceso de traslado ya está en marcha pero que, paradójicamente, será el Ministerio del Interior el que terminará dependiendo técnicamente de la Senad, dado que los equipos recién adquiridos son mucho más modernos. Mientras las pruebas técnicas con las operadoras telefónicas aguardan su cierre en un plazo de un mes, la mudanza de esta tecnología de 12 millones de dólares deja al descubierto grietas evidentes y un evidente choque de discursos dentro del propio Gobierno.
Fuente: ABC Digital
