El caso Banco Atlas atlas dejó de ser únicamente una discusión mediática. La Cámara de Diputados convirtió los cuestionamientos acumulados alrededor de la entidad en un pedido formal de informes dirigido al Banco Central del Paraguay, mediante la Resolución Nº 5704, que obliga al organismo regulador a responder una extensa lista de interrogantes sobre los controles realizados durante los últimos años.
El requerimiento de la Cámara Baja formalizó un cuestionario de 31 puntos sobre controles, sanciones, fideicomisos y prevención de lavado. El objetivo principal es conocer las actuaciones de supervisión de la entidad bancaria frente a años de advertencias, sanciones, fideicomisos cuestionados y causas penales. Entre ellas, se destaca la que tiene acusado por presunto lavado de dinero a Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, presidente del banco y esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color.
El documento legislativo pone el foco en qué hizo el BCP frente a las señales de alerta aparecidas alrededor de la institución. La resolución exige explicar por qué, pese a las sanciones, advertencias, auditorías y causas penales, no existirían sumarios administrativos en curso o, de haberlos, precisar cuáles son, qué investigan y en qué estado se encuentran. Asimismo, solicita conocer los criterios técnicos, jurídicos y regulatorios que aplica el supervisor cuando autoridades o directivos quedan bajo investigaciones o acusaciones penales.
En un plano concreto, Diputados indaga qué medidas adoptó el BCP tras la acusación presentada el 30 de abril de este año por el Ministerio Público contra Zaldívar y otros directivos en la causa relacionada con Nicolás Leoz, pidiendo la elevación del caso a juicio oral y público. Se busca determinar si dicha acusación provocó revisiones extraordinarias de la conducción del banco, de las actas del Directorio, de las políticas de cumplimiento y de eventuales responsabilidades internas.
Los antecedentes incluyen una dimensión internacional por la conexión con Leoz y con las investigaciones a la dirigencia de la FIFA y la Conmebol. La Cámara baja pide identificar qué dependencia o autoridad verificó el cumplimiento de las advertencias formuladas en 2016 por la Superintendencia de Bancos sobre operaciones fiduciarias vinculadas al fallecido dirigente deportivo. Además, requiere detallar la cantidad de inspecciones específicas realizadas sobre la actividad fiduciaria entre 2017 y 2026, incluyendo fechas, hallazgos, planes de regularización y eventuales sumarios.
El expediente de Nicolás Leoz es parte de un conjunto más amplio. La resolución consulta sobre el fideicomiso entre el IPS y Banco Atlas por operaciones de hasta G. 828.800 millones, requiriendo saber por qué hasta enero de 2026 no se habría iniciado una investigación administrativa y si se examinó la trazabilidad de los desembolsos, la documentación y la restitución aproximada de G. 803 millones en intereses reclamados por la previsional.
Otro frente contemplado es Paraqvaria y su vínculo con Darío Messer. Se exigen las verificaciones realizadas por el BCP ante el conflicto comunicado con Matrix y Paraqvaria, la revisión de documentación comercial y el destino de siete inmuebles fiduciarios con derechos relacionados con Messer.
Con este requerimiento, la Cámara busca reconstruir una década de supervisión sobre Banco Atlas. Exige conocer la cantidad de sumarios abiertos, cuáles culminaron en sanciones o archivamientos, y las medidas aplicadas. También consulta si antecedentes vinculados a Uruguay, Nicolás Leoz, IPS, Juan Carlos Ozorio y Paraqvaria motivaron una revisión integral de los mecanismos fiduciarios. El Banco Central cuenta con un plazo de 15 días hábiles para responder formalmente.
