En el tramo final del juicio oral y público que enfrenta el exsenador colorado Hernán Rivas por la supuesta utilización de un título universitario de abogado falso, la defensa técnica encabezada por la abogada Alba Zaracho solicitó la absolución de su representado y lanzó duras críticas a la actuación del Ministerio Público.
Al término de la exposición de sus alegatos finales, la profesional del derecho sostuvo que las dudas y vacíos probatorios que persisten en la causa se deben a la falta de una intervención oportuna por parte de la fiscalía cuando los hechos salieron a la luz.
La letrada argumentó que, si la institución pública hubiera iniciado los requerimientos e indagaciones en el momento adecuado para constatar la existencia de las documentaciones académicas en la universidad o en el Ministerio de Educación y Ciencias, la situación jurídica se habría aclarado a tiempo. Según la representación del exlegislador, la demora institucional en abrir la investigación —que recién cobró impulso en el año 2023— derivó en un escenario cargado de incertidumbres documentales que hoy no pueden ser atribuidas como responsabilidad penal al acusado.
Cuestionada sobre la figura penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso planteada por la acusación, la abogada precisó que dicho tipo legal exige que el autor convenza a un funcionario público que actúa sin dolo para que emita un documento inconsistente. Bajo este análisis jurídico, enfatizó que la conducta imputada no es atribuible a Rivas y subrayó que el título universitario y el certificado de estudios en debate no formaron parte del objeto específico de este juicio, por lo que el Tribunal de Sentencia no debe emitir un pronunciamiento punitivo sobre ellos.
El proceso judicial contra el exparlamentario se originó tras los cuestionamientos sobre su trayectoria académica en la Universidad Sudamericana, acreditación que le sirvió en su momento para asumir el cargo de representante del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Mientras que el equipo fiscal ratificó su acusación solicitando una condena de 12 años de cárcel por producción y uso de documentos de contenido falso, la defensa concluyó sus alegatos sosteniendo que los hechos debatidos no se encuadran en los tipos penales acusados y que corresponde la plena absolución del exsenador.
