En el laberinto de la burocracia estatal, pocos saltos económicos resultan tan espectaculares como el de Marian Angélica Cattebeke Ayala. Nombrada como relatora permanente de la Corte Suprema de Justicia con un sueldo de G. 10.800.000, la funcionaria no tardó en conseguir un codiciado pase directo a la Itaipú Binacional, un privilegio que desató fuertes críticas por supuestos favores políticos y desatención a las funciones judiciales en un Poder Judicial golpeado por la mora.
Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó al mirar los números de su billetera: en tan solo 30 meses, su patrimonio neto declarado ante la Contraloría sufrió una metamorfosis asombrosa, pasando de modestos G. 178 millones a la deslumbrante cifra de G. 1.225.779.600, es decir, un crecimiento de siete veces.
El idilio con la entidad binacional llegó a su fin de manera abrupta. A través de la Resolución Nº 567 del 12 de mayo de 2026, el Consejo de Superintendencia de la Corte —con la firma de los ministros Alberto Martínez Simón y Luis María Benítez— dejó sin efecto de forma definitiva la prórroga de su comisión interinstitucional. Aunque en diciembre del año pasado se le había otorgado un permiso para prestar servicios en Itaipú hasta finales de 2026, el director de la hidroeléctrica, Justo Zacarías, comunicó que la comisión daba por terminada sus funciones el pasado 30 de abril. Con el comisionamiento anulado y la polémica encendida, el máximo tribunal ordenó el inmediato reintegro de Cattebeke Ayala a la Corte, encomendando a la Dirección General de Capital Humano su reubicación en alguna dependencia que realmente necesite personal.
Fuente: Observapy
