Ni el mago más talentoso de Las Vegas se atrevió a tanto: en los tribunales de Concepción descubrieron el fabuloso truco de materializar carpetas de papel que no existen en el sistema informático, todo con el desinteresado fin de «bendecir» a efectivos de la Policía Nacional, agentes de la Senad y hasta a las propias juezas con lujosas camionetas traídas del Brasil sin pagar un solo guaraní.
El ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción, Eugenio Jiménez Rolón, destapó la olla ante sus pares de la Corte Suprema de Justicia y contó, entre asombrado y escandalizado, cómo un grupo de creativos funcionarios judiciales inventaba expedientes a la antigua, en formato papel, justo cuando todo el sistema ya era digital. Al principio eran solo cinco los casos bajo la lupa, pero la auditoría siguió escarbando y la lista ya subió alegremente a nueve. Como guinda del postre en este banquete de irregularidades, se halló una solicitud firmada por la ex magistrada Honorina Acosta pidiendo que le entregaran un vehículo en depósito judicial estando de permiso, ¡y el juez interino se lo concedió amablemente a la jueza titular a quien estaba reemplazando!
La chispa que encendió este desopilante escándalo no saltó dentro de un tribunal, sino en un control vehicular nocturno en Fernando de la Mora. El suboficial de policía José Antonio Grance fue demorado tras un hecho de exposición al peligro en el tránsito terrestre mientras venía al mando de una imponente Toyota Fortuner año 2019 con una chapa de adorno que le pertenecía a otro vehículo con distinto número de chasis. Al ser requerido por los agentes, el suboficial Grance exhibió con orgullo una resolución (el Auto Interlocutorio N.º 256) emitida en Concepción que supuestamente lo nombraba glorioso «custodio judicial» del rodado en el marco de un dramático caso de tentativa de feminicidio. Sin embargo, cuando verificaron el número en el sistema informático Judisoft y en los archivos físicos, saltó la gran sorpresa: esa resolución correspondía en realidad a una orden de allanamiento dictada en un proceso totalmente distinto por robo agravado y toma de rehenes donde la camioneta no pintaba absolutamente nada. Ni había acta de incautación, ni el vehículo aparecía en las cámaras de seguridad del expediente. ¡Una verdadera obra maestra de la literatura fantástica!
Esta presunta «concesionaria VIP» salpica fuertemente a la exmagistrada Honorina Acosta, a la actuaria Rossana Isabel Coronel y a los fiscales Epifanio Anastacio Joel Díaz Ferreira y Celso René Morales Fernández, entre otros implicados denunciados ante la Fiscalía General. Mientras tanto, en la Secretaría del Juzgado apareció el abogado Pedro Colmán afirmando ser representante legal del verdadero dueño de la camioneta —un ciudadano brasileño domiciliado en el Estado de Maceió—, quien sigue esperando pacientemente que la burocracia le devuelva su vehículo de las garras de esta generosa red de benefactores en uniforme.
Fuente: Observapy
