Una marea de indignación recorre las filas de la Policía Nacional tras la ejecución de la Orden de Servicio N° 377, emanada directamente de la Subcomandancia, a cargo del Crio. Gral. Director Feliciano Martínez, a finales de abril. La instrucción, que inicialmente solicitaba el despliegue de 10 efectivos por cada dirección y comisaría del país para cubrir instituciones públicas en Asunción por un periodo de dos semanas, terminó convirtiéndose en la práctica en un traslado definitivo y arbitrario. Este cambio de reglas, calificado por los afectados como una «cacería de brujas» sin precedentes bajo la nueva cúpula, ha dejado a un centenar de suboficiales atrapados en la Agrupación de Seguridad, alejados de sus familias y sin una hoja de ruta clara para su retorno.
La redacción de este medio ha tenido acceso a testimonios desesperados de familiares y audios que circulan en grupos de WhatsApp, los cuales se mantienen bajo reserva para proteger a los agentes de posibles represalias. Estos relatos exponen una realidad desgarradora: policías del interior, que viajaron con lo puesto pensando en una comisión breve, hoy se encuentran viviendo en condiciones deplorables. Según las denuncias, los uniformados «viven como perros», durmiendo sobre cartones por la falta de lugares adecuados, carecen de agua corriente o caliente, y se ven obligados a costear de su propio bolsillo todas sus comidas.
El malestar no solo es humanitario, sino que apunta a un presunto esquema de corrupción en los altos mandos. Denuncias anónimas señalan que se ha montado un «negocio de traslados» donde se estarían exigiendo sumas que superan los 5 millones de guaraníes para anular las órdenes y permitir que el personal regrese a sus unidades de origen. Quienes no cuentan con la capacidad financiera para pagar este «rescate» quedan condenados al Área Metropolitana, enfrentando cuadros de depresión severa y, en muchos casos, considerando la renuncia inmediata como única salida al atropello de sus derechos básicos.
Esta situación se da en el contexto de una «economía de guerra» promovida por el Gobierno, que ha llevado a las instituciones públicas a prescindir de la seguridad privada, reemplazándola con personal policial cuyos rubros para el «plus» salarial han sido recortados. Mientras el descontento crece y la moral de la tropa se desploma por ir contra los procedimientos habituales de la institución, los afectados ya analizan solicitar la intervención de parlamentarios de la oposición y la disidencia para frenar estos abusos.
Fuente: Policía Nacional
