El Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso restricciones de visado y una designación pública de sanción contra el Fiscal General del Estado de Bolivia, Roger Mariaca, por su participación en actos significativos de corrupción, colaboración con redes de narcotráfico y acciones orientadas a menoscabar las instituciones democráticas del país sudamericano.
La medida fue anunciada formalmente mediante un pronunciamiento del portavoz diplomático estadounidense Thomas «Tommy» Pigott, articulado bajo los lineamientos del secretario de Estado Marco Rubio y la administración del presidente Donald Trump. Las acciones punitivas se aplican al amparo de la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Sección 7031(c) de la Ley de Apropiaciones, disposiciones que revocan las visas vigentes e inhabilitan el ingreso a territorio norteamericano del titular del Ministerio Público y de sus familiares directos.
El veto migratorio a Roger Mariaca se enmarca en una ofensiva más amplia de la diplomacia norteamericana en la región que afecta a un total de 21 ciudadanos bolivianos entre exautoridades, magistrados, jueces y altos mandos policiales acusados de instrumentalizar la justicia penal para favorecer estructuras ilícitas y desestabilizar el orden constitucional. En la nómina difundida por Washington figuran el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero Méndez, el expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional Alberto Samuel Soto de la Vía, el exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia Iván Ramiro Campero Villalba, el juez del Juzgado Primero de Instrucción Penal de La Guardia Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, el coronel de la Policía Boliviana Frans William Cabrera Quispe, y el empresario privado José Luis Iriarte Cussi.
De igual manera, el Departamento de Estado extendió las cancelaciones de visas a otros países del hemisferio occidental donde identificó nexos similares entre funcionarios públicos y redes de corrupción o narcotráfico. En Colombia, las medidas afectaron a la senadora del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Martha Isabel Peralta Epieyú, y al empresario Euclides Antonio Torres Romero. Asimismo, las sanciones alcanzaron a exfuncionarios de Ecuador y al juez del Primer Circuito Constitucional de Lima en Perú, Juan Carlos Núñez Matos, reafirmando la política de la administración estadounidense de cerrar sus fronteras a los actores extranjeros que vulneren la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho.
