La defensora pública de Villa Hayes, Abg. Jariesa Bareiro, gestionó la obtención de la cédula de identidad para una mujer de 34 años que nunca figuró en los registros oficiales, además de lograr la inscripción en el Registro Civil de sus hijos de 14 y 6 años.
Articulación interinstitucional: La intervención demandó un trabajo coordinado entre la Defensa Pública, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y el Registro Civil, permitiendo que la familia acceda por primera vez a sus derechos básicos y a la matriculación escolar a través del Ministerio de Educación.
Barrera de la pobreza extrema: La defensora alertó sobre la creciente cantidad de niños indocumentados debido a la vulnerabilidad social, la burocracia y los costos de los trámites administrativos, proponiendo la exoneración de aranceles para familias de escasos recursos.
Garantía de derechos: La gestión judicial permitió romper años de exclusión, garantizando la identidad legal de los menores y reabriendo el debate sobre la necesidad de asegurar la entrega y conservación del certificado de nacido vivo en las comunidades más vulnerables.
