#Editorial
El acueducto del Chaco no es un simple fracaso administrativo millonario, es una estafa moral al país.
Una obra concebida para llevar agua al Chaco terminó revelando algo mucho más grave: la facilidad con la que ciertos actores del poder tratan el erario como botín y el interés público como negocio.
Más de cien millones de dólares fueron absorbidos por un proyecto que nunca funcionó como debía. No por fatalidad, por sequía ni por imprevisión natural, falló porque fue mal concebido, peor ejecutado y deliberadamente sostenido aun cuando ya se lo sabía inviable.
Y eso tiene responsables concretos y directos, con nombres y apellidos que la ciudadanía debe saber y recordar, para que el olvido no genere impunidad, que es el peor mal que produce nuestra descreída justicia.
Durante los gobiernos de Federico Franco, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, el acueducto avanzó como una maquinaria de gasto sin control, es decir, tres administraciones presidenciales distintas, un mismo patrón: seguir inyectando dinero público a una obra enferma, aun sabiendo que no cumpliría su finalidad esencial.
En el plano operativo, el Ministerio de Obras Públicas fue escenario de una continuidad igualmente escandalosa. Bajo la gestión de Enrique Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona y Arnoldo Wiens, se sucedieron ampliaciones contractuales, reparaciones constantes y decisiones que nunca corrigieron el problema de fondo; ninguno de los ministros frenó la sangría, ni dijo basta.
El traspaso del acueducto a ESSAP, sin recepción definitiva ni garantías técnicas, terminó de consumar la irresponsabilidad. Bajo la administración de Rodolfo Segovia, la empresa estatal heredó una obra fallida, obligada a gastar millones solo para evitar su colapso total. Imagínense, amables lectores, el propio Estado pagó dos veces sumas millonarias en dólares por un fracaso preanunciado ya mucho antes.
Las advertencias existieron de antemano; ya el ingeniero Augusto Ríos Tonina denunció errores elementales de diseño, como la pendiente del terreno que hacía físicamente inviable el funcionamiento del sistema; incluso hizo una denuncia penal, que quedó archivada en la indiferencia, mientras el dinero seguía fluyendo y el agua nunca llegaba ni llegará al Chaco.
Hoy, el Ministerio Publico, a través del fiscal Luis Piñánez, investiga presuntos hechos de lesión de confianza por estos hechos, pero la ciudadanía tiene razones para desconfiar: cuando el castigo no llega a tiempo, y la impunidad se consolida como mensaje político, eso proyecta nuevamente que los actores políticos a cargo de las obras (no solo estas) sigan malgastando y haciendo desaparecer el dinero del pueblo, ante la pasividad de los órganos de control y castigo.
La actual ministra Claudia Centurión ordenó verificaciones técnicas al asumir. Bienvenido el gesto, pero el país ya no necesita más informes que digan que las cosas se hicieron mal; eso ya lo sabemos. Necesita, pues, responsabilidades, sanciones y consecuencias reales; de lo contrario, el saqueo seguirá.
El verdadero daño no es solo económico, es institucional y ético. Porque mientras los pobladores del Chaco central siguen dependiendo del vital líquido de tajamares de lodo y camiones cisterna, quienes decidieron, firmaron y miraron para otro lado, siguen circulando por la política, dando discursos de honestidad y contra la corrupción como si nada hubiera ocurrido.
Por eso, esto no es solo un llamado a la Justicia, es un llamado a la ciudadanía, a no olvidar estos nombres, a no naturalizar el despilfarro y no premiar electoralmente a quienes demostraron desprecio y angurria por el dinero público y la dignidad de la gente.
El acueducto chaqueño debe quedar en la memoria colectiva como lo que es: una advertencia, porque un país que no identifica ni sanciona a quienes lo saquearon desde el poder está condenado a repetir su historia.
