#Editorial
Las recientes declaraciones del presidente de la República, Santiago Peña, lejos de ser un desliz o una desafortunada elección de palabras, representan una postura deliberada y reveladora sobre su concepción del control democrático. Y si recurrimos como antecedente inmediato a los términos que fueron pronunciados en un entorno oficial, tras ser abordado por cronistas acreditados en Mburuvicha Róga, quienes ejercieron el derecho legítimo y necesario de consultar sobre la presencia de Horacio Cartes en una reunión reservada con ministros de la Corte Suprema de Justicia. Ante la insistencia de una pregunta que buscaba transparentar un hecho de evidente interés público, la respuesta del mandatario no fue la aclaración, sino la descalificación del interlocutor.
Al establecer una supuesta barrera jerárquica entre los cronistas de calle y los periodistas de estudio, el titular del Ejecutivo dejó en claro que el diálogo con los primeros no le resulta “enriquecedor”. Esta distinción no es una simple observación semántica; es una traducción sin eufemismos de un trato degradante hacia una categoría de trabajadores de prensa a los que se intenta reducir a un rol ornamental. Al rebautizar a los cronistas como “noteros”, el mandatario no describe una función técnica, sino que intenta imponer una jerarquía imaginaria para colocar al sujeto que pregunta en un escalón inferior, despojándolo de su derecho a interpelar al poder.
El fondo de esta actitud revela un uso sistemático del argumento ad hominem. Cuando el presidente no puede o no quiere enfrentar el predicado de una consulta incómoda —en este caso, la naturaleza de una reunión secreta—, opta por atacar al sujeto que la formula. Esta estrategia de discutir mensajeros en lugar de hechos, y de desacreditar personas en vez de refutar datos, expone una fragilidad institucional preocupante. La lógica presidencial parece dictar que, si no se puede ordenar una respuesta coherente, se debe ordenar una estructura donde el gobernante queda arriba y el consultor abajo, invalidando así la pregunta por la supuesta “incapacidad” de quien la emite.
Resulta contradictorio y carente de perspectiva ignorar que el periodismo de calle es, precisamente, el que produce la materia prima informativa que luego alimenta los paneles de análisis y los noticieros estelares. Los cronistas, que desempeñan su labor bajo condiciones climáticas adversas y largas esperas, son quienes obtienen la noticia cruda y el testimonio directo. Despreciar esta labor es despreciar la base misma de la información. Asimismo, el intento de comparar la gestión comunicacional propia con la de la Casa Blanca solo evidencia un profundo desconocimiento de las democracias maduras, donde el periodismo cercano al poder no es subestimado, sino respetado y temido por su capacidad de control.
El uso despectivo del término “notero” es, en última instancia, una coartada autoritaria. Si se establece que el interlocutor es un profesional “menor”, se infiere que su pregunta también carece de importancia y, por ende, no merece una respuesta oficial. Esta es una lógica peligrosa que busca anular la rendición de cuentas. El periodismo en su sentido más estricto es aquel que logra que el poder explique lo que preferiría callar. Lo que el presidente califica con ligereza como periodismo de segunda es, en realidad, el ejercicio fundamental de la libertad de prensa; cualquier intento de jerarquizar el acceso a la verdad no es más que una construcción de relato orientada a evadir la responsabilidad pública.
