Un llamativo esquema de sorteos organizados por jóvenes creadores de contenido llamó la atención de las autoridades nacionales. Bajo la promesa de ganar vehículos, motocicletas, cuatriciclos y hasta embarcaciones por apenas el valor de una rifa, miles de usuarios en redes sociales, páginas web y aplicaciones de mensajería caen a diario en propuestas atractivas pero totalmente fuera de la ley.
El alerta fue emitido de manera categórica por el titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, Carlos Liseras, quien advirtió sobre la proliferación de esta modalidad clandestina. La estrategia de los organizadores consiste en utilizar permisos emitidos por municipalidades para intentar camuflar de legalidad la actividad. Sin embargo, la Ley 7438 aclara un límite clave: las municipalidades solo pueden autorizar rifas para eventos sociales, deportivos o comerciales de alcance estrictamente local. Al traspasar las fronteras físicas y difundirse a escala masiva mediante el entorno digital, la actividad se transforma automáticamente en un juego de azar de alcance nacional, competencia exclusiva de la Conajzar.
Actualmente, solo cuatro empresas cuentan con la habilitación legal de la Conajzar para la explotación de rifas comerciales en Paraguay. Estas firmas pagan cánones elevados al Estado y se someten a auditorías e inspecciones periódicas. En contraste, las rifas digitales impulsadas por los influencers —detectadas principalmente en Ciudad del Este, Alto Paraná y diversos municipios del Departamento Central— no abonan tributos y operan en la absoluta clandestinidad.
Esta evasión fiscal no solo representa un perjuicio patrimonial para las arcas públicas, sino que deja en total desprotección a los compradores, quienes no poseen ninguna garantía legal de que los premios realmente se entreguen o que los sorteos sean transparentes.
Ante la gravedad del hecho, la entidad reguladora presentó denuncias penales ante el Ministerio Público y puso en marcha un operativo coordinado junto a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). El objetivo es sancionar con todo el peso de la ley tanto a los organizadores de los esquemas como a las figuras públicas e influencers que promocionen o presten su imagen para estas actividades ilegales.
Fuente: hoypy
