La carrera por la intendencia de Luque ha sufrido una ruptura drástica a un mes de las internas municipales de la ANR. El escenario electoral se ve condicionado por el pedido de arresto domiciliario contra el precandidato Diego Romero Orué, impulsado por la fiscal Laura Ramírez de la Unidad Penal Nº 6. La medida responde a una investigación centrada en un perjuicio patrimonial de aproximadamente 12.000 millones de guaraníes en contra de la Cooperativa Luque, causa en la que el dirigente colorado se encuentra imputado por lesión de confianza, estafa informática y producción de documentos no auténticos.
El Ministerio Público fundamenta su acusación en el desempeño de Romero Orué como vocal del Consejo de Administración de la entidad. Según la tesis fiscal, el procesado habría formado parte de una estructura jerárquica diseñada para el desvío sistemático de fondos. Esta organización, detectada inicialmente en noviembre pasado, incluye a otros catorce exdirectivos, entre los que destacan el expresidente Eder Eduardo Falcón, el exvicepresidente Roberto Osmar Pont Núñez, y los extesoreros Juan Moreira Gómez y Derlys Viveros.
El impacto de esta ofensiva judicial trasciende lo administrativo y se instala en el centro de la interna partidaria, afectando directamente al movimiento Colorado Añetete. Romero Orué, históricamente alineado con el sector liderado por Mario Abdo Benítez, ha mantenido una postura de confrontación con las estructuras oficialistas locales. Con el requerimiento de estas medidas cautelares, la justicia busca garantizar el sometimiento de los sospechosos al proceso penal, alterando definitivamente la dinámica de una contienda donde la administración de la ciudad permanece en el centro del debate.
Fuente: Py Urgente
