La impunidad en Paraguay no solo se firma en despachos, a veces se tritura en máquinas industriales. La denuncia lanzada por el sociólogo y periodista Camilo Soares pone bajo los reflectores una tragedia que mezcla la precariedad laboral extrema con el festín de los recursos públicos en Luque.
Un joven, con la ilusión del primer empleo, ingresó a trabajar en una empresa proveedora del programa estatal «Hambre Cero». Cinco días bastaron para que su vida cambiara para siempre: sin capacitación, sin contrato y sin seguro social, fue obligado a operar una trituradora que terminó amputándole la mano derecha.
Lo que sigue es el manual básico del desprecio empresarial. Según el relato de Soares, una vez ocurrida la tragedia, la firma —vinculada directamente al entorno del candidato a intendente de Luque Hugo Farías— se esfumó. Ni asistencia médica, ni acompañamiento económico, ni un mínimo gesto de humanidad.
Mientras el joven intenta aprender a vivir con la mano izquierda y costear su propia rehabilitación, la empresa sigue facturando millones del erario público. La gravedad del caso escala al plano político cuando, en un acto proselitista, el entorno de Farías pidió «no politizar» el incidente.
Pero, ¿cómo no discutir políticamente que el dinero de los contribuyentes termine financiando empresas que operan en la absoluta clandestinidad legal y física?
Este no es un simple «accidente laboral». Es el retrato de un sistema donde el programa «Hambre Cero» parece servir para saciar el hambre de contratos de unos pocos, mientras los trabajadores humildes ponen el cuerpo, y en este caso los miembros, para sostener el negocio.
No se puede naturalizar que una estructura política que pretende gestionar una ciudad sea la misma que deja desamparado a un ciudadano tras una mutilación evitable. La mano perdida de este joven es el recordatorio sangriento de que, cuando el Estado contrata amigos en lugar de empresas responsables, el costo siempre lo paga el eslabón más débil.
Fuente: Camilo Soares
