Una densa marea de indignación sacude los pasillos del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental tras destaparse un presunto esquema de privilegios irregulares que involucra al abogado Jorge Lenguaza. Según revelaron funcionarios de la propia institución bajo estricto pedido de anonimato, el cuestionado funcionario estaría moviendo hilos administrativos para aferrarse al millonario rubro económico de su antiguo cargo como director de Planificación, Proyectos y Políticas, a pesar de haber sido apartado de dicha dependencia mediante la Resolución DGRRHH N.º 1823, firmada por la ministra de Salud, Maria Barán, para pasar a ocupar la Secretaría General.
La maniobra, denunciada como una abierta violación a las normativas de la Función Pública y del Servicio Civil, pretende esquivar la obligación legal de retornar al salario base correspondiente a su cargo anterior. Los denunciantes lamentan que los privilegios pretendan imponerse sobre la ley en una institución golpeada por la falta de planificación. Para colmo, el historial de Lenguaza ya arrastra sombras: anteriormente fue el foco de severas críticas por un evidente conflicto de intereses debido a las funciones compartidas con su pareja, quien debió dejar la Coordinación General de Fondos Locales tras estallar un escándalo de compras presuntamente direccionadas y convenios amañados para la adquisición de tanques, caños y electrobombas.
Aquellas viejas alertas no eran infundadas. Ya en el año 2024, la Contraloría General de la República (CGR) detectó un severo perjuicio económico institucional derivado de estas adquisiciones irregulares. Sin embargo, las fuentes internas apuntan directamente contra el director general, el ingeniero Fernando García, a quien acusan de congelar las recomendaciones del órgano contralor, evitando deliberadamente la apertura de los sumarios administrativos e investigaciones que correspondían para castigar el daño patrimonial.
Ante este escenario de impunidad latente y nula respuesta a las constantes observaciones de la Contraloría que se arrastran hasta hoy, los funcionarios exigen una postura firme y ejemplar por parte de la ministra de Salud, María Teresa Barán. El funcionariado reclama que se ordene el cese inmediato de los beneficios indebidos para Jorge Lenguaza y se restituya el orden de la ley, forzándolo a percibir la remuneración real de sus funciones actuales y sepultando definitivamente los privilegios económicos heredados.
