Mientras la justicia paraguaya camina a paso de tortuga con una mora judicial que asfixia al 50% de los expedientes, la Corte Suprema de Justicia se permite el lujo de derrochar la escandalosa cifra de 6 millones de dólares anuales —unos 37.000 millones de guaraníes— en una legión de 228 relatores.
Este ejército de funcionarios, lejos de agilizar los fallos, parece ser el botín de un festín de nepotismo y favores políticos que raya la lesión de confianza. Los datos son obscenos: de los supuestos asesores, 18 están literalmente «desaparecidos», otros 17 se encuentran cómodamente comisionados a entes como Itaipu Binacional o el Congreso, y el resto sobrevive bajo el ala protectora de los propios ministros.
El árbol genealógico del poder se extiende con total descaro en las planillas de sueldos. Nancy María Diana Amarilla, hermana del senador liberocartista Dionisio Amarilla, cobra 10.800.000 guaraníes como relatora, pero presta servicios en Itaipú mientras busca saltar a una Defensoría.
En la misma línea de «méritos consanguíneos», la ministra Carolina Llanes tiene a su hija, Ximena Rojas Vía Llanes, y a su sobrino, Diego José Molina Llanes, facturando salarios que superan los 13 millones de guaraníes.
Ni el propio presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, escapa al escándalo, pues su nuera Analía Carrillo Servín figura en la lista de beneficiados dentro del gabinete del ministro Benítez Riera.
La lista de comisionados es un desfile de privilegiados que cobran de la justicia pero trabajan para otros. Nombres como Ana Paciello, Eulogio Ruiz Díaz o Joaquín Garcete se reparten entre el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura y diversas direcciones estatales con sueldos que no bajan de los 10 millones de guaraníes.
La gran interrogante que los ministros de la Corte se niegan a responder es por qué el Poder Judicial financia salarios de funcionarios que operan en otras instituciones, mientras los procesos ciudadanos duermen el sueño de los justos.
El rumor en los pasillos de tribunales es un secreto a voces: no se trata de capacidad jurídica, sino de padrinazgos políticos que utilizan el presupuesto judicial como una caja de favores personales, dejando a la ciudadanía con una justicia lenta y un bolsillo saqueado.
Fuente: Observa PY
