La sombra de un presunto y lucrativo esquema de corrupción familiar vuelve a sorprender el mover en las altas esferas del Estado. Según una grave denuncia impulsada por la diputada Rocio Vallejo, el polémico «modus operandi» que sacudió los cimientos del Instituto de Previsión Social habría hecho metástasis en la Procuraduría General de la República. Las sospechas apuntan directamente a los hermanos González Maldonado, quienes habrían convertido la defensa de los recursos públicos en un negocio redondo y privado.
El libreto parece calcado de la gestión de José «Jose’í» González, el exdirector jurídico del IPS que tuvo que renunciar tras quedar expuesto. Ahora, el protagonismo recae sobre su hermano, Marco Aurelio González, exprocurador general y actual miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay La denuncia sostiene que, a pesar de haber dejado físicamente la Procuraduría, Marco Aurelio dejó en su reemplazo a un encargado de despacho interino que lleva más de ocho meses en el cargo de manera irregular y que supuestamente sigue respondiendo fielmente a sus órdenes.
El truco de magia financiera funciona con una precisión quirúrgica. Todo empieza con millonarias demandas del Estado contra empresas del sector privado, como las compañías aseguradoras. Misteriosamente, a mitad del camino, los abogados que defienden los intereses públicos son removidos de las causas y reasignados. Los nuevos defensores entran en escena listos para «negociar»: deudas originales que superan los 4.000 millones de guaraníes se reducen repentinamente a jugosos acuerdos extrajudiciales de apenas 700 millones de guaraníes. El gran perdedor es el patrimonio de todos los paraguayos, pero el gran ganador es el círculo de abogados leales al clan, quienes se embolsan fortunas superiores a los 200 millones de guaraníes bajo el concepto de «honorarios profesionales».
Determinada a frenar este desangre institucional, la diputada Vallejo ha solicitado un informe detallado a la Procuraduría exigiendo la lista de todos los acuerdos extrajudiciales firmados recientemente, los montos recortados y los nombres de los abogados que facturaron a costa del Estado. La parlamentaria ya advirtió que, de confirmarse que las matemáticas no cierran y que los intereses del país fueron vendidos al mejor postor, la documentación irá a parar directo al Ministerio Público forma de una inminente denuncia penal.
Fuente: ABC Digital
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