Hay personas que tienen un talento natural para hacer rendir el dinero, y luego está el comisario Sandro Ramón Gill Esteche. La Policía Nacional informó oficialmente en un comunicado que este uniformado gestionó su retiro voluntario, cerrando una carrera que bien podría ganarse un espacio en los manuales de economía mágica.
Y es que en el siempre sorprendente mundo de la función pública paraguaya, los milagros ocurren con una frecuencia que ya envidiaría cualquier gurú de Wall Street. Según sus propias declaraciones juradas ante la Contraloría, al comisario le bastaba un sueldo menor a los 10 millones de guaraníes mensuales para transformarse en un auténtico magnate. Terrenos por aquí, vehículos de alta gama relucientes en sus redes sociales y, por si fuera poco, un próspero negocio de casinos que, según sus propios colegas de la fuerza, levantó a puro pulmón salarial.
Para entender este acto de prestidigitación, hay que viajar en el tiempo hasta el año 2011. En aquel entonces, nuestro querido Sandro se desempeñaba como jefe de un puesto policial en la lejana Arroyita, Concepción. Al rellenar su papeleo oficial, el hombre firmó con total solemnidad un rotundo cero en la casilla de activos: ni una casa, ni un autito para moverse, ni una sola moneda ahorrada en el banco. Estaba, legalmente hablando, con los bolsillos más limpios que el agua de un manantial. Pero el destino, o la extraordinaria capacidad de ahorro del uniforme, le tenía preparada una sorpresa. Cuatro años después, en 2015, el oficial reapareció en los registros de la Agrupación de Seguridad y, ¡pum!, como quien saca un conejo de la galera, su patrimonio neto se había catapultado mágicamente hasta los 348 millones de guaraníes, sumando un terreno en Concepción y una flota de tres vehículos que incluía una camioneta Toyota Hilux, un Kia Picanto y un fiel Toyota Tercel. Nada mal para alguien que venía de la más absoluta austeridad.
Sin embargo, el verdadero clímax de esta comedia financiera llegó en su declaración del año 2021, cuando ascendió a Comisario y la lógica matemática decidió armar sus maletas e irse de vacaciones. En un abrir y cerrar de ojos, su lista de propiedades se cuadruplicó: al terreno original se le sumaron, de la nada, tres viviendas más ubicadas en Belén, Ñemby y otra zona de Concepción, tasadas convenientemente en 100 millones cada una. Lo gracioso del asunto es que el comisario olvidó un pequeñísimo detalle: poner el año en que compró esas tres nuevas casas, dejando un sospechoso número cero en la fecha de adquisición. Es como si los inmuebles hubiesen brotado de la tierra por generación espontánea, sin dejar rastro de qué mes o qué año salieron los fondos para pagarlos.
Para coronar este monumento a los números creativos, debemos hablar de su relación con las deudas. En 2015, Sandro declaró que le debía a la Cooperativa 8 de Marzo la suma de 40 millones de guaraníes, comprometiéndose a pagar una cuota mensual de 2.600.000 guaraníes durante 18 meses. Cualquier mortal sabe que en un año y medio esa deuda tendría que estar más que extinta. Pero en la dimensión desconocida de las finanzas policiales, el tiempo no transcurre igual. Seis años más tarde, en 2021, el comisario volvió a declarar exactamente la misma deuda con la misma cooperativa, por los mismos 40 millones y con la mismísima cuota. Una de dos: o descubrió el truco de la deuda eterna que nunca se reduce, o los balances se rellenaron con un desparpajo digno de un guion de comedia.
Mientras tanto, el parque automotor también sufrió mutaciones extrañas, haciendo desaparecer dos de sus vehículos para quedarse solo con una Hilux más moderna (2019) cuyo valor se rehusó a especificar en la sumatoria final. Con ingresos mensuales que arañaban los 9,7 millones en su mejor momento, la matemática básica nos dice que es imposible comprar tantas cosas y mantener deudas congeladas sin que te salgan alas de inversor estrella.
A pesar de ser tan creativo con los números, a todo mago se le escapa un truco, y tras la confirmación de su retiro por parte de la institución policial, el comisario Gill olvidó convenientemente el acto final de su repertorio: presentar su declaración jurada al dejar el cargo, tal como lo exige estrictamente la ley. Se ve que entre tanto papeleo de transferencias, títulos de propiedad y llaves de autos cero kilómetros, los 15 días hábiles que otorga la normativa para rendir cuentas pasaron desapercibidos. Ahora, el tablero de juego cambió drásticamente para el experto en apuestas, ya que la Contraloría no suele ser muy fanática de los actos de desaparición de documentos y ya tiene preparado un paquete de contramedidas que promete arruinarle el retiro voluntario.
El menú de consecuencias por este olvido administrativo es variado y bastante amargo. Para empezar, tras vencerse el plazo, la Contraloría emite un requerimiento formal que activa multas económicas calculadas sobre su salario, las cuales van sumando guaraníes con cada día de atraso. Además, la ley prevé una inhabilitación de hasta 10 años para ocupar cualquier cargo público, por si al comisario le daba la nostalgia de volver a la función del Estado. Por el lado de la billetera, la propia institución policial y los órganos liquidadores tienen la potestad de congelar sus trámites de jubilación y retener sus haberes de retiro hasta que entregue el bendito papel. Y como broche de oro, si la Contraloría sospecha que este increíble crecimiento patrimonial esconde un enriquecimiento ilícito, los antecedentes irán directos a la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, donde la magia financiera podría terminar convirtiéndose en una causa penal de la que no será tan fácil esfumarse.
