Dejar el cargo y «olvidar» las cuentas claras parece ser la nueva moda entre quienes solían redactar nuestras leyes. La Contraloría General de la República ha decidido poner mano firme y aplicar sanciones económicas a un total de 27 exlegisladores del periodo pasado, compuesto por nueve exsenadores y 18 exdiputados, quienes no presentaron en tiempo y forma sus declaraciones juradas de bienes. Las leyes se hicieron para cumplirse, pero al parecer, cuando se trata de desnudar el patrimonio propio ante el fisco, la memoria de nuestros exrrepresentantes empieza a fallar de forma colectiva.
El castigo por este misterioso olvido no es precisamente una simple llamada de atención. Las multas aplicadas van desde los 5 millones de guaraníes hasta superar los 29 millones, dependiendo directamente de la cantidad de días de retraso. El reglamento es contundente: todo funcionario público tiene la estricta obligación de rendir cuentas dos veces, al asumir y al dejar su puesto, contando con apenas 15 días hábiles para hacerlo antes de que la multa empiece a correr a razón de un 20% del salario por cada mes de incumplimiento, pudiendo alcanzar hasta la totalidad del sueldo.
En el ojo de la tormenta y liderando el ranking de los más rezagados se encuentran siete exdiputados que se llevaron la sanción máxima de más de 29 millones de guaraníes. Entre estos nombres figuran Eri Valdez, Ángel Paniagua, Édgar Espínola, Rubén Balbuena, Miguel Cuevas, Antonio Noguera y Jorge Brítez. En la Cámara Baja, la lista de infractores muestra una amplia mayoría de la ANR, sumando nombres muy conocidos como Néstor Ferrer, Del Pilar Medina, Freddy D’Ecclesiis y Ulises Quintana, entre otros. Mientras la ciudadanía exige transparencia total, el órgano contralor les recuerda a golpe de talonario que los secretos financieros en la función pública cuestan bastante caro.
Fuente: Ultima Hora
