El debate sobre la proliferación de títulos universitarios falsificados en Paraguay sumó un revelador testimonio que traslada el origen de esta problemática a la época de la dictadura de Alfredo Stroessner.
Durante una intervención en la Cámara Alta, la senadora Lucía Mendoza, representante del Partido Cruzada Nacional (PCN), denunció que la comercialización de acreditaciones académicas no es un fenómeno reciente, sino una práctica con profundas raíces históricas en el país.
La legisladora rememoró su propia experiencia como estudiante de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), institución en la que cursó estudios durante siete años. Mendoza relató que cuando se encontraba en el sexto año de la carrera, en un ambiente donde todos los alumnos se conocían tras compartir largas jornadas de estudio, irrumpió de forma repentina un estudiante al que identificó como Carlos «Gordo» Brítez. El hombre era hijo del general Alcibiades Brítez Borges, quien se desempeñó como el temible jefe de la Policía de la Capital durante el régimen estronista.
Según el testimonio de la parlamentaria, el hijo del jefe policial asistió apenas una semana a una materia vinculada a la construcción arquitectónica, sentándose en la primera fila. Poco tiempo después de esa fugaz aparición, el resto de los estudiantes se enteró de que el hombre ya contaba con el título oficial de arquitecto, burlando el esfuerzo de quienes pasaron casi una década dedicados a la formación académica. Mendoza coincidió de esta manera con declaraciones de su colega Celeste Amarilla, ratificando que el otorgamiento irregular de títulos por influencias políticas o dinero ya estaba instalado en las aulas universitarias del pasado.
Finalmente, la senadora advirtió sobre el enorme peligro que representa minimizar esta situación, especialmente en profesiones de alta responsabilidad como la arquitectura, la ingeniería o la medicina, donde están en juego la seguridad y la vida de las personas. Explicó que un arquitecto es responsable de la dirección de obras, del cálculo de materiales y de la resistencia estructural de edificios que luego serán habitados por familias. Mendoza instó a que las investigaciones actuales no se limiten únicamente a los casos recientes, sino que contemplen un problema estructural cuyos antecedentes de impunidad y privilegio se remontan a décadas atrás.
Fuente: ABC Digital
