En las sombras del Juzgado Civil del Tercer Turno, un proceso judicial que ya cumple cuatro años parece avanzar a ciegas, o peor aún, con la vista gorda ante irregularidades que rozan la ilegalidad. El caso Costa Cañada, bajo el expediente N° 205/2021, ha puesto en jaque la seguridad de la familia Mendieta-Giménez, quienes enfrentan un intento de desalojo impulsado por una demandante que nadie ha visto en años: Elena Margarita Harbering Martínez. Con una cédula de identidad vencida y residiendo en Fresno, California, la actora es hoy un nombre en un papel que pretende arrebatar una propiedad donde una familia ha construido su vida durante más de un cuarto de siglo.
Lo que resulta alarmante para la defensa es la vigencia de un «poder muerto». El documento que otorga representación al abogado Edil Osmar Miranda expiró legalmente en abril de 2021, según el sello del notario estadounidense que lo certificó. Sin embargo, el juzgado ha permitido que el proceso continúe durante casi un lustro como si el mandato fuera eterno. Esta omisión no es un detalle técnico menor; en el ámbito civil, sin personería acreditada no hay juicio válido. La justicia paraguaya parece estar litigando contra un fantasma, ignorando que la identidad de la demandante carece de validez actual al no contar con una cédula renovada, requisito indispensable para cualquier acto jurídico en el país.
¿Es inacción o complicidad? Cuando un juzgado habilita un proceso con personería vencida y sin control de identidad, la justicia deja de ser una garantía para convertirse en una amenaza. Las inconsistencias no terminan en la burocracia. Peritajes bajo sospecha señalan que los planos presentados por los técnicos Filemón Melgarejo y Francisco Ortiz faltan a la verdad, atribuyendo dimensiones inexistentes a los inmuebles para forzar una colindancia que físicamente es imposible. Los títulos presentados por los afectados, Juan Roque Mendieta y Claudia Giménez, demuestran que entre las fincas reclamadas existe una propiedad de terceros, desmintiendo la base misma de la demanda. Mientras el juzgado se sumerge en un silencio que ya dura cinco años, la familia Mendieta-Giménez —asentada en el lugar desde 1992— permanece en un limbo jurídico, víctimas de una maquinaria de apropiación de tierras que parece alimentarse de la desidia judicial.
Fuente: Ahora Py
