El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, se ve afectado luego de la presentación de una denuncia penal que expone un esquema de contrataciones masivas y salarios inflados dentro del Poder Legislativo.
La acusación, promovida por el abogado y funcionario Ruben Penayo , revela un presunto daño patrimonial que trepa a la impactante cifra de 40.610 millones de guaraníes, unos 6,6 millones de dólares, debido al ingreso desmedido de personal sin la preparación académica requerida, pero con un fuerte factor en común: la militancia política.
Tras analizar minuciosamente los registros oficiales de la Cámara de Senadores y del Ministerio de Economía entre mayo de 2024 y abril de 2026, el denunciante detectó una alarmante distorsión en la estructura del Estado. Durante estos 24 meses, la plantilla de funcionarios experimentó un vertiginoso movimiento con el ingreso absoluto de 593 nuevas personas que jamás habían pisado la institución. El dato más escandaloso surge al revisar los currículos: más del 56% de estos nuevos contratados carece de un título universitario o técnico, figurando la gran mayoría simplemente como bachilleres o sin datos académicos comprobables.
A pesar de esta falta de formación, el análisis detectó que estos nuevos empleados perciben remuneraciones mensuales con una mediana de 5 millones de guaraníes por encima de lo que ganan los funcionarios antiguos que ocupan categorías equivalentes.
El favoritismo político y territorial parece ser la brújula de esta administración. De acuerdo con la denuncia, aproximadamente el 70% de los nuevos contratados está afiliado activamente a la Asociación Nacional Republicana. Además, el fenómeno adquiere niveles obscenos en el departamento de Presidente Hayes, histórico feudo político de «Bachi» Núñez, donde la cantidad de personal legislativo se disparó de 28 a 82 personas en solo dos años. En este rincón del país, ocho de los quince sueldos más altos del Congreso corresponden a bachilleres, todos ellos pertenecientes al partido oficialista.
El impacto económico de estas decisiones pesa para las arcas del Estado. Los cálculos iniciales señalan que este desfasaje de sueldos genera un gasto extra anual de 9.653 millones de guaraníes. Al proyectar este derroche hasta junio de 2028 —año en que finaliza el mandato de Núñez, quien logró asegurar la presidencia mediante una modificación del reglamento interno—, el perjuicio global escalaría a los más de 40.610 millones de guaraníes denunciados.
La presentación judicial califica estos hechos bajo figuras penales de extrema gravedad, tales como lesión de confianza, tráfico de influencias, cobro indebido de honorarios y administración en provecho propio, argumentando que se utilizaron recursos públicos para obtener beneficios de naturaleza política y electoral. Invocando la Constitución Nacional y tratados internacionales contra la corrupción que exigen la idoneidad como único requisito para el empleo público, la denuncia descansa ahora en los pasillos del Ministerio Público, a la espera de que se asigne un fiscal valiente que se atreva a investigar la cuestionada gestión del hombre fuerte del Senado.
Fuente: ABC Digital
