La proliferación de clanes familiares en diversas reparticiones del Estado continúa evidenciando los profundos privilegios de ciertos sectores políticos en detrimento de la ciudadanía.
Un claro ejemplo de este copamiento institucional es el denominado clan Vega, liderado por el concejal y actual candidato colorado a intendente de Mariano Roque Alonso, Julián Vega Insfrán. Esta red familiar ha consolidado un meteórico ascenso político y estratégico que le permite ubicar a sus miembros más cercanos en puestos clave del sector público, logrando percibir de manera conjunta ingresos que ya ascienden a un total de G. 1.261.981.500 al año, financiados directamente con los impuestos de los contribuyentes.
La distribución de los miembros de esta familia abarca distintos estamentos del Estado. El salario más elevado del grupo lo ostenta su hermana, Johana Vega, quien en su rol de diputada de la nación percibe una remuneración mensual de G. 37.900.000. Por su parte, el concejal Julián Vega, tras varios periodos legislativos en su comuna, recibe G. 24.000.000 al mes gracias a un autoaumento aprobado por la propia Junta antes de la pandemia. El esquema de influencias también alcanza a su pareja, Carlina Cuenca, quien figura en la planilla del Ministerio de Trabajo con un ingreso mensual de G. 8.480.000, y a su hija, Guadalupe Vega Ruiz, nombrada durante la actual administración en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil con un sueldo de G. 5.000.000.
A la lista se suma su hermano, José Emilio Vega, director de Servicios Administrativos en la Administración Nacional de Electricidad. Si bien su sueldo base es de G. 10.682.556, logra duplicar sus ingresos mensuales hasta alcanzar los G. 21.695.552 mediante beneficios adicionales como anuenio, bonificaciones por título y plus por responsabilidad. José Emilio, además, opera políticamente a favor del exmiembro del Consejo de la Magistratura, Jorge Bogarín Alfonso, calificado como significativamente corrupto por los Estados Unidos. En conjunto, este grupo familiar le cuesta mensualmente al Estado G. 97.075.500, una cifra que al anualizarse con el aguinaldo obligatorio expone la marcada desigualdad de un sistema que asegura el bienestar de unos pocos mientras la ciudadanía se enfrenta a la falta de oportunidades laborales dignas.
Fuente: Ultima Hora
