Una comitiva fiscal y autoridades de la cartera educativa se encuentran tras los pasos de una compleja estructura dedicada a la falsificación e inscripción de diplomas universitarios no auténticos dentro del Ministerio de Educación y Ciencias. La fiscala Teresa Sosa Laconich reveló que la investigación apunta a una sospecha generalizada que involucra a unos 1.500 títulos falsos de docentes, de los cuales la cartera educativa ya confirmó y denunció formalmente la ilegalidad de los primeros 250 casos, sumando otros 300 diplomas del área de Ciencias de la Educación bajo estricta revisión.
Las pesquisas iniciaron a raíz de denuncias anónimas sobre educadores que utilizaban documentos adulterados para inscribirse a Concursos Públicos de Oposición y acceder al Banco de Datos de Educadores Elegibles. El ministro de Educación, Luis Ramírez, detalló que las propias universidades afectadas negaron rotundamente la validez de los cartones presentados, confirmando que las personas implicadas jamás figuraron en sus registros de alumnos ni cursaron las respectivas materias. Hasta el momento, las autoridades de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) ya desmarcaron formalmente a la institución de los diplomas que falsamente se le atribuían.
El escándalo ya cuenta con doce personas imputadas por el Ministerio Público, entre las que se encuentran nueve docentes que utilizaron la documentación apócrifa para ejercer —algunos de ellos ocupando cargos directivos— y tres individuos identificados como «facilitadores», encargados de gestionar las inscripciones irregulares ante el MEC. No obstante, la Fiscalía advierte que la red operaba con una «suerte de apoyo y trabajo en confidencia» de funcionarios administrativos infiltrados tanto en el ministerio como en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), quienes facilitaban los trámites internos de registro.
Paralelamente, la investigación desnudó otra problemática que afecta a estudiantes damnificados. La fiscala Sosa Laconich advirtió sobre la existencia de institutos de educación superior y universidades no habilitadas que estafan a personas de buena fe, quienes tras invertir tiempo y dinero descubren que sus títulos carecen de validez legal. Ante esta situación, desde el Ministerio Público instaron al Cones a asumir un rol más riguroso y proceder al cierre definitivo de dichos centros clandestinos de enseñanza.
Fuente: ABC Digital
