Un documento interno del Ministerio Público, revelado por El Observa PY, confirma que la fiscala Patricia Sánchez ha sido integrada al programa de protección tras detectarse una coacción directa por parte del senador cartista Hernán Rivas. El informe de la Dirección de Programa de Protección a Testigos detalla que la amenaza está estrictamente vinculada al proceso penal que enfrenta el legislador y consistía en poner en riesgo el cargo de la agente si esta recurría ante la Corte Suprema contra el fallo que favoreció a Rivas.
La medida de seguridad se adoptó luego de que la fiscala elevara un reporte al fiscal general, Emiliano Rolón, alertando sobre las advertencias recibidas mediante una «fuente humana cerrada». Tras una fase de recopilación de información y análisis de riesgo, se determinó el ingreso de la funcionaria al protocolo de protección vigente desde 2024, asignándole custodia policial de manera urgente para garantizar el ejercicio de sus funciones ante las presiones políticas.
Mientras tanto, el Senado aprobó ayer un pedido de informe al fiscal general con relación a este delicado escenario. A pesar de la presión parlamentaria, la decisión de responder a la Cámara Alta queda bajo la responsabilidad de Rolón. Por su parte, la fiscala Sánchez ha ratificado públicamente que el nombre del senador Hernán Rivas fue consignado desde el primer momento en los documentos oficiales como el responsable de la coacción denunciada.
