El escándalo de los carteles ofensivos instalados a metros del Puente de la Amistad escaló rápidamente a esferas gubernamentales, provocando una respuesta por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Tras la ola de indignación ciudadana y el enérgico repudio de la Municipalidad de Ciudad del Este por las gigantografías de la empresa Fast Print que se burlaban del país y mostraban una violenta imagen del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, la cartera estatal cortó de raíz la polémica aclarando que dicha estructura es completamente ilegal.
A través de un comunicado oficial, el MOPC recordó de forma tajante que la institución no autoriza la colocación de carteles publicitarios en la franja de dominio en ningún punto del territorio nacional, amparándose de manera estricta en el artículo 43 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, el cual prohíbe cualquier propaganda comercial u objeto que ponga en riesgo las vidas humanas al afectar la visibilidad de los conductores.
El ministerio no solo desnudó la ilegalidad detrás de este ataque al orgullo local, sino que también expuso las trabas que suelen enfrentar, lamentando que en muchos casos los procesos administrativos y legales de remoción se ven retrasados por acciones judiciales de las firmas infractoras.
