La discusión pública sobre la competitividad del sector aerocomercial en Paraguay sumó un análisis técnico de peso tras las declaraciones de la exministra de Turismo, Angie Duarte, quien analizó el impacto real de la reciente derogación del inciso f) del artículo 33 de la Ley de Turismo. En sintonía con la postura gremial manifestada previamente por la Asociación de Agencias de Viajes del Paraguay y la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo, la exfuncionaria valoró la apertura del debate sobre el mercado aéreo, pero aclaró de forma contundente que el beneficio del 6% eliminado no representaba un impuesto estatal, sino una comisión de carácter netamente comercial.
Duarte remarcó además que, en términos prácticos, dicha carga ya no venía aplicándose en la realidad operativa desde el inicio de la pandemia, coincidiendo con la flexibilización que adoptaron las agencias para sostener al turismo nacional.
El núcleo del planteamiento de la exministra redirigió la atención hacia los costos estructurales fijos que administra el propio Estado y que influyen de manera directa en el elevado valor de los boletos. Duarte advirtió que para lograr un abaratamiento real en los pasajes que beneficie al usuario paraguayo, el debate legislativo y Ejecutivo no debe centrarse en comisiones comerciales obsoletas, sino en una revisión profunda de la estructura de las tasas aeroportuarias y de salida internacional que hoy pesan sobre cada boleto emitido en el país.
Al respecto, la especialista detalló que Paraguay mantiene actualmente una tasa de salida internacional que asciende a 41,80 dólares por pasajero, un monto que se subdivide directamente en tres componentes estatales y de servicios logísticos: 28 dólares destinados a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, 12 dólares asignados a la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) y 1,80 dólares correspondientes al soporte de telecomunicaciones y servicios SITA. Este desglose impositivo evidencia que el costo final del ticket aéreo está fuertemente condicionado por factores regulatorios e institucionales ajenos a la intermediación de las agencias de viajes.
La postura de la exministra refuerza las advertencias de AAVIP y ASATUR respecto a que la supresión de la antigua normativa no garantiza una reducción automática en las tarifas de vuelo, dado que los precios finales quedan atados a las estrategias de las aerolíneas y a la pesada carga impositiva local. Finalmente, la visión de Duarte converge con el reclamo privado al sostener que la verdadera competitividad aérea y el desarrollo del turismo paraguayo no se construyen con medidas superficiales, sino reduciendo las cargas fiscales de origen estatal, incentivando la conectividad regional y diseñando políticas públicas que pongan fin al aislamiento aerocomercial del país.
