Un gigante comercial de Ciudad del Este se transformó en el escenario de una intriga financiera. Lo que comenzó como un acuerdo entre familias fundadoras terminó en un esquema judicializado que derivó en la imputación masiva de directivos y el bloqueo preventivo de acciones por orden de la justicia.
La historia del Shopping París se cimentó sobre una regla inquebrantable entre dos grupos económicos: la mitad de la empresa pertenecería a la familia Kao/Wang y la otra mitad a la familia Kim. A través de la firma K&K Shopping’s S.A., esta alianza mantuvo un control equitativo hasta que una propuesta de reestructuración cambió drásticamente el escenario.
El plan comenzó con la propuesta de reducir el capital social bajo la promesa de devolver a las socias del grupo Kao/Wang el valor de su participación en efectivo. El compromiso formalizado implicaba la entrega de más de 32.075 millones de guaraníes (superando los 4 millones de dólares). Se firmaron los documentos y actas correspondientes; sin embargo, el desembolso jamás llegó a las cuentas de las beneficiarias. A pesar de no haber recibido el pago, la administración emitió comprobantes impositivos y retuvo sumas fiscales dando por sentada una entrega que nunca ocurrió en la realidad.
Aprovechando que las inversionistas aguardaban el dinero prometido, se desarrollaron asambleas a sus espaldas. La directiva optó por publicar las convocatorias únicamente en la Gaceta Oficial —un medio de escasa circulación en la zona fronteriza— omitiendo el contacto directo habitual vía correo o mensajería. Ni siquiera la presentación posterior de un telegrama colacionado solicitando constituir un domicilio especial para notificaciones frenó la realización de estas reuniones a puerta cerrada.
Durante esos encuentros a solas, la contraparte alegó la necesidad de liquidez e inyectó aportes que se plasmaron en actas como «pagos en efectivo» por más de 38.500 millones de guaraníes. Semejante volumen físico de dinero en billetes resultó inviable para los investigadores sin una debida bancarización o respaldo bancario documentado. La maniobra provocó una drástica dilución: las propietarias originarias del 50% vieron reducida su participación al 29%, mientras que Ana Kim pasó a ostentar más del 71% del paquete accionario.
La maniobra acabó en los tribunales. El Juzgado en lo Civil y Comercial decretó la prohibición de innovar y contratar sobre las nuevas acciones emitidas a favor de Ana Kim Jang, suspendiendo además los efectos de las asambleas impugnadas. En el ámbito penal, el Ministerio Público formuló imputación contra Elizabeth Kim Jang, Ana Kim Jang, Namjun Kwon, Antonio Ramón Galeano Vega y Alexis Florentín Gauto. Todos ellos enfrentan cargos por apropiación, lesión de confianza, estafa y producción de documentos públicos de contenido falso, quedando citados a declarar ante el Juzgado Penal de Garantías.
KIM JANG RECHAZA ACUSACIÓN
Sobre denuncia, Ana Kim Jang, conocida popularmente como “Ana Coreana”, rechazó de forma categórica las acusaciones de estafa, apropiación, lesión de confianza y falsificación de documentos en la firma K & K Shopping’s S.A., asegurando que todas las decisiones de la empresa se tomaron de forma legal y transparente.
Para la ahora imputada y los demás miembros de la directiva, el caso no es más que una disputa comercial llevada injustamente al ámbito penal para sacar ventaja. Tras solicitarse su libertad bajo medidas alternativas a la prisión, la influencer deberá comparecer ante la Justicia de Ciudad del Este el próximo 8 de septiembre a las 10:00 para declarar en la audiencia de imposición de medidas y dar su versión de los hechos.
