El senador Rafael Filizzola, representante del Partido Democrático Progresista (PDP), ha formalizado un pedido de informes ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación para investigar el destino de los recursos estatales en materia de comunicación gubernamental. El legislador sostiene que fondos públicos, provenientes incluso de las binacionales Itaipú y Yacyretá, están siendo desviados para sostener una maquinaria de propaganda partidaria, campañas de desinformación y el financiamiento de los denominados «hurreros digitales» en redes sociales.
Según la denuncia, esta estructura no se limita a la promoción del gobierno, sino que incluiría ataques coordinados con inteligencia artificial contra periodistas y activistas críticos.
Durante su argumentación, Filizzola marcó una clara distinción entre la publicidad institucional de interés público y la propaganda política, enfatizando que esta última debería ser costeada por los partidos y no por el contribuyente. El senador calificó de escandalosa la supuesta participación de una empresa extranjera para canalizar estos pagos y advirtió que el uso de dinero público para «campañas sucias» y persecución de voces disidentes constituye el hecho punible de lesión de confianza.
Finalmente, el legislador contrastó el millonario despliegue en publicidad con la crisis del sistema de salud, calificando de indignante que se priorice el «autobombo» mientras la ciudadanía padece la falta de medicamentos básicos en los hospitales.
