La organización de la Copa CONMEBOL Sudamericana volvió a mostrar una gran fisura en su operativo de seguridad, lo que dejó en Avellaneda violencia en las tribunas durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, heridos, destrozos y un trabajo policial sobrepasado por los violentos. Esto mismo puede repetirse en Paraguay o en cualquier torneo organizado por la Confederación, presidida por Alejandro Domínguez, porque a pesar de mover cifras multimillonarias, este gremio regional no invierte en seguridad y deja toda la carga en manos del Estado.
La situación en Avellaneda generó severas críticas en la Argentina hacia la CONMEBOL. El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dijo en entrevista que hubo tres advertencias a Conmebol, con la finalidad de evitar lo que después pasó, pero acusa que este organismo se negó a escuchar y, por ende, suspender el partido cuando aún estaban a tiempo. «La Conmebol no quiere a la Policía adentro del estadio… Ni siquiera nos dejaron poner un grupo de Infantería en el bajo tribuna, que no se vea por las cámaras», afirmó el alto funcionario argentino.
La propia ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, responsabilizó a Conmebol y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires por su inacción ante los primeros desmanes.
GANAN MILLONES, PERO…
Las cifras oficiales confirman un contraste preocupante. En 2024, la Confederación Sudamericana de Fútbol declaró ingresos de USD 849,8 millones, utilidades netas por 112 millones y un patrimonio cercano a los 273 millones. Aunque se presenta como asociación sin fines de lucro, sus balances muestran lucros y ganancias crecientes año tras año. Sin embargo, en Paraguay su aporte fiscal fue mínimo: apenas 19.257 millones de guaraníes, unos USD 2,6 millones al tipo de cambio de diciembre del 2024, lo que equivale al 0,3% de lo facturado. En el mismo balance, el impuesto a la renta declarado fue de apenas USD 116.783, un pago irrisorio, menor al que abona cualquier empresa mediana local con ingresos muy inferiores.
El detalle de egresos de 2024 refleja aún más la contradicción. La Confederación destinó USD 536,4 millones a competencias, USD 114,5 millones a marketing y comercialización —con 63,5 millones en comisiones por venta de derechos televisivos y 35,1 millones en producción de eventos—, además de 10,7 millones en salarios y 2,6 millones en honorarios profesionales. En ninguno de estos apartados aparece la seguridad.
En Paraguay, la Policía Nacional confirmó en respuesta oficial que el 100% de los operativos en partidos de la CONMEBOL son costeados por el Estado, con despliegues que en finales alcanzan hasta 3.000 efectivos, lo que implica miles de horas de servicio policial que se desvían a custodiar un evento privado.
El grueso de lo abonado al fisco provino de impuestos indirectos como el IVA, alrededor de USD 1,6 millones. El impuesto a la renta reconocido fue prácticamente testimonial. En total, la carga efectiva fue del 0,3%. A nivel municipal, la sede en Luque figura como “baldío” en el catastro, sin pagar impuesto inmobiliario desde 2012 ni patente comercial hasta 2025. Además, desde 2015 la Confederación perdió su estatus de protección diplomática, por lo que ya no puede alegar inmunidades, aunque en la práctica sigue disfrutando de privilegios.
Mientras se destinan más de 100 millones de dólares a marketing y decenas de millones a producción de eventos, la seguridad sigue siendo una inversión inexistente. Las patrulleras, combustibles, logística y horas de servicio de miles de agentes provienen del presupuesto estatal. En Paraguay y en otros países, el Estado financia lo que la Confederación no quiere asumir: la protección de partidos que generan ganancias privadas. Y mientras tanto, la ciudadanía sigue expuesta a otras formas de inseguridad en sus barrios, porque miles de efectivos son reasignados a custodiar espectáculos deportivos.
El resultado es claro: ingresos privados extraordinarios, impuestos simbólicos y seguridad costeada por los contribuyentes. Bajo la presidencia de Alejandro Domínguez, la CONMEBOL amplió su patrimonio y entregó premios récord, pero en Paraguay paga menos que una empresa mediana local y descarga en la ciudadanía el costo de proteger sus torneos.
El fútbol sudamericano genera audiencias globales y contratos millonarios, pero los riesgos y costos se socializan. Lo ocurrido en Avellaneda y lo que ocurre en Paraguay muestran que la CONMEBOL funciona como un negocio privado con costo público. Se necesitan cambios: una ley que obligue a la Confederación y a los clubes a financiar seguridad privada dentro de los estadios, para que el Estado intervenga solo como complemento y no como sostén exclusivo de un modelo de privilegios.
Fuente: @GuachireM @Parametronews y agregados de #4toPoder
