En pleno desarrollo de la campaña electoral, el precandidato a la intendencia de San Lorenzo, Felipe Salomón, recibió un millonario desembolso de G. 1.000 millones por la venta de un inmueble de su propiedad al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). El terreno en cuestión se encuentra ubicado sobre la calle Ciencias Veterinarias y la operación coincide con un fuerte escenario de cuestionamientos hacia la gestión institucional, levantando sospechas sobre el posible uso de estos recursos para el financiamiento de actividades proselitistas.
Según revelan los registros oficiales, el actual jefe comunal de San Lorenzo ya ha percibido una suma total que asciende a los G. 33.500 millones. A pesar de la magnitud de las cifras, Salomón no ha emitido aclaraciones respecto a los pagos destinados a los abogados Héctor Urbano Parodi y José David Macedo. Ambos profesionales son empleados de la propia municipalidad y habrían regulado honorarios por un valor de G. 3.900 millones en el marco de estas operaciones comerciales.
Esta falta de claridad sobre el destino y la legitimidad de los fondos asignados a los asesores legales de la comuna agrava la polémica, considerando las normativas vigentes. La legislación que regula el pago de honorarios profesionales a asesores jurídicos y otros auxiliares de justicia de entes públicos prohíbe explícitamente cualquier pretensión de cobro cuando se trata de instituciones sometidas a la tutela de la administración pública, lo que coloca bajo la lupa la legalidad del procedimiento.
