#Editorial
El 10 de julio de 2025, Cetrapam —el gremio de empresas del transporte público— publicó una metáfora que pretende conmover: un vendedor de empanadas que se ve obligado a usar menos carne porque el Estado no cumplió su promesa. La historia es ingeniosa, pero profundamente hipócrita. Porque en Paraguay, hace rato que las empanadas están vacías. Y los colectivos también.
Lo que no dicen es que las empresas de transporte llevan años extorsionando al Estado con paros encubiertos, amenazas y servicios deficientes, mientras siguen recibiendo subsidios millonarios sin transparencia ni contraprestación real.
La ciudadanía está cansada de ser rehén de este juego perverso. Colectivos que no pasan, choferes que abandonan recorridos, flotas deterioradas y ahora, nuevas amenazas de paralización si no se les paga “lo que se les debe”.
Esto no es una protesta gremial, esto es una forma de sabotaje, que pone en peligro el normal funcionamiento del país.
El Artículo 274 del Código Penal paraguayo es claro: si alguien logra que una empresa o instalación que sirva al transporte público quede total o parcialmente fuera de funcionamiento, apoyando con ello una alteración del orden, la seguridad o el funcionamiento institucional del país, está incurriendo en sabotaje, y debe ser castigado con hasta cinco años de cárcel.
Ya no se trata solo de ineficiencia o desidia; se trata de delitos, de actos organizados y estratégicos que colocan a miles de paraguayos en peligro, afectan la economía diaria del país, trabajadores y estudiantes, socavando la estabilidad institucional con métodos de presión mafiosa.
Si el Estado no responde con firmeza, si la Fiscalía no actúa, si la Justicia no investiga, lo que estamos naturalizando es y será un chantaje permanente. Un esquema donde quienes tienen el monopolio del transporte pueden cortar el país cuando quieran, y eso tiene sanción penal.
Y no. No se puede llamar “víctimas” a quienes operan así; son responsables y, en algunos casos, penalmente imputables.
El transporte público es un servicio esencial; dejar al país sin este servicio que lo paralice se encuadra dentro de conductas punibles, perseguirles de oficio.
Lo que Cetrapam intenta vender con ternura empanadera no es otra cosa que una amenaza envuelta en papel celofán. Pero los paraguayos ya no comen cuentos. Quieren seguridad, dignidad y ley que los ampare.
Y si hay que hablar de empanadas, que lo hagamos, claro; lo que hace falta no es más relleno, es que dejen de cocinar con chantaje y el gobierno no les siga la corriente y de una vez por todas, corte este chantaje al que nos tienen acostumbrados los transportistas, a los que eternamente les falta más y más rellenos, porque según ellos, “trabajan a pérdida”.
