El juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, ordenó un embargo preventivo por un total de USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas SA, en el marco de la causa judicial Nº 06/2021 caratulada “Miguel Ángel Zaldívar Silvera y otros s/lavado de dinero mayor a 750 jornales”. La resolución se dictó luego de confirmarse la habilitación de una cuenta oficial en el Banco Nacional de Fomento destinada al resguardo de dichos activos, respondiendo de manera directa al requerimiento del Ministerio Público.
La medida judicial representa un avance central en la investigación que acusa a la cúpula directiva de la entidad bancaria por presunto lavado de dinero. De acuerdo con los antecedentes del proceso, las operaciones financieras bajo sospecha guardan una estrecha y directa relación con el ocultamiento de fondos ilícitos pertenecientes al fallecido expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Nicolás Leoz.
A través de una notificación oficial remitida al gerente general de la institución financiera, Hernando Lesme Romero, el magistrado Otazú intimó de forma perentoria al banco para el cumplimiento inmediato de la transferencia de los fondos confiscados en un periodo máximo de 48 horas. El texto judicial detalla textualmente: “En atención a la contestación de fecha 28/05/2026 del BNF, mediante la cual comunica la apertura de la cuenta judicial en dólares americanos N° 268324/0 a la orden del juzgado, póngase a conocimiento de los representantes del banco Atlas SA a los efectos de que se proceda al depósito de la suma de USD 718.570 a dicha cuenta en el plazo de 48 horas, debiendo informar al juzgado en el mismo plazo el cumplimiento de lo antes mencionado. Ofíciese”.
El origen técnico de esta intervención radica en la acusación formal que presentaron el pasado 30 de abril los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. Los investigadores sostienen que el banco Atlas SA obtuvo ganancias comerciales directas mediante una estructura de operaciones financieras diseñadas para blanquear dinero desviado de la Conmebol. El mecanismo consistía en colocar los fondos en certificados de depósitos de ahorro (CDAs) que posteriormente eran integrados a contratos de fideicomiso.
Por este motivo, la disposición del juzgado busca asegurar de forma anticipada los activos que se configuran como el supuesto beneficio ilegal obtenido por la entidad financiera, aplicando con rigurosidad los mecanismos de recuperación de activos contemplados en el Código Penal paraguayo para los hechos punibles de perfil económico.
El trasfondo de la causa cuenta con el impulso activo de la propia Conmebol, institución que reclama formalmente el cobro de unos USD 15 millones a la entidad bancaria. El objetivo de la matriz del fútbol sudamericano es restituir de forma parcial los USD 150 millones que resultaron desviados durante el mandato de Nicolás Leoz, un millonario perjuicio institucional que fue plenamente corroborado a través de una serie de auditorías forenses externas e independientes.
Durante las etapas preliminares, el banco Atlas SA intentó mitigar el impacto y el avance de la causa judicial mediante el ofrecimiento de depositar «voluntariamente» la suma reclamada, pero bajo una cuenta de su propia administración. Sin embargo, este movimiento estratégico fue interpretado por la defensa de los demandantes como una admisión implícita de que las operaciones sospechosas efectivamente ocurrieron en el seno de la entidad. Con esto se descartan los argumentos de persecución política que intentaron instalar diversos medios de prensa afines a los directivos acusados.
Fuente: Tribuna Paraguay
