Peaje portuario millonario: Puertos privados en pie de guerra contra ANNP

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El Gobierno de Santiago Peña podría enfrentar el primer conflicto grande con el sector privado. Un problema generado por una institución pública, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Todo comenzó el día de ayer, miércoles, en que solo algunos puertos privados fueron notificados por medio de una circular de la gerencia de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) de fecha 9 de abril del 2024, en la que se dispuso el cobro de un peaje portuario millonario.


De esta manera, de la noche a la mañana, la ANNP, presidido por Julio Cesar Vera, notifica a solo algunos puertos privados del pago de un canon portuario totalmente en desuso, utilizando un decreto del año 2008, indicaron los afectados. 

Representantes del sector calificaron de increíble que, por medio de una circular, se esté creando tributos, cualquiera sea la denominación de esta, cuando esta actividad solo debe hacerse por medio de una ley de la nación. Para colmo, esta anormalidad está avalada por un dictamen de la asesoría jurídica de la ANNP, pues la circular (foto) da cuentas que en su redacción menciona que está precedida de un dictamen jurídico e inspirada en un Decreto del año 2008, dictamen que es desconocido y, pese a los reclamos de conocer su contenido, no se ha podido tener acceso a dicho documento, afirmaron. 

A todas luces, se está trastrocando toda la actividad tributaria del país, pues se está creando “un tributo portuario” a través de un decreto del año 2008 que ya se encuentra derogado, y sin utilizar los canales legales para ello (que tiene su proceso), hasta Oscar Orué, quien está al frente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), y el propio presidente de la República Santiago Peña, deberían de sentar postura ante semejante atropello, indicaron los afectados. 

Advirtieron además que esto lisa y llanamente configuraría incluso la comisión de hechos punibles de exacción, estafa y lesión de confianza, para aquellas personas encargadas de la creación de estos cánones, en detrimento de sus deberes como administradores de la cosa pública.

La ANNP es una entidad estatal que casi no presta servicios portuarios, porque sus instalaciones son obsoletas, inseguras y los funcionarios destacados en estos puestos de dominio público son operadores políticos y generalmente están para otros menesteres. En cambio, los puertos privados (capital público-privado) ofrecen mejores servicios de logística, seguridad e infraestructura, lo que permite que los usuarios del sistema de comercio internacional prefieran trabajar con estos últimos, y situaciones como esta que se está dando es la única forma que tiene la ANNP de buscar atajos y percibir tributos que no le corresponden. Lamentable para la seguridad jurídica y la imagen del país, refirieron los representantes de las empresas requeridas. 

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