La reciente denuncia del concejal Alvaro Grau sobre esquemas financieros irregulares no sorprende a quienes conocen desde adentro la estructura de la Municipalidad de Asunción. Revelaciones del exedil Nicolás Chase con nueve años de gestión entre 2001 y 2010 durante las administraciones de Enrique Riera y Evanhy de Gallegos, confirman que los préstamos con tasas de usura y los circuitos de dinero en negro representan una práctica arraigada desde hace décadas en el ámbito municipal.
Durante ese período, el escenario gremial estuvo marcado por una disputa intestina entre los sindicatos por captar a la mayor cantidad de funcionarios. Detrás del discurso de representación obrera, el verdadero botín era el control de las cuotas sociales. Con estos fondos, los gremios constituían voluminosas cajas paralelas dedicadas a otorgar créditos abusivos a sus propios afiliados. Según los testimonios de la época, las tasas de interés mensual oscilaban entre el 10% y el 20%, fijadas de manera arbitraria según la urgencia y el perfil del trabajador endeudado.
El esquema no se limitaba a la sede central del municipio, sino que extendía sus redes a las dependencias operativas. En el Mercado 4 se detectó el funcionamiento de una supuesta «cooperativa» que administraba préstamos informales con exigencias aún más drásticas, cobrando intereses diarios de hasta el 5%. Esta dinámica mantenía a cientos de trabajadores municipales en un espiral de endeudamiento permanente, recordó Chase.
Para frenar la explotación, desde la Junta Municipal se impulsó en su momento una partida presupuestaria destinada a sanear las deudas de los funcionarios más afectados y liberarlos de la presión financiera. Sin embargo, la medida generó una inmediata reacción de los sindicatos involucrados, temerosos de perder a su cartera de clientes. Ante la presión gremial y bajo el argumento de que la comuna no debía asumir el rol de entidad prestamista, la administración central eliminó posteriormente dicha asignación.
Pese a este trasfondo financiero, la gestión sindical de aquellos años mantuvo simultáneamente reclamos legítimos, tales como la exigencia de condiciones de seguridad para el personal operativo de Limpieza, Aseo Urbano y la Policía Municipal de Tránsito. Asimismo, ejercieron un frente de fiscalización constante ante los atrasos de la Intendencia en la transferencia de las retenciones salariales destinadas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.
Testimonios e informaciones recabadas en el último año advierten que estos «servicios de crédito» irregulares no desaparecieron, sino que continúan operando bajo la misma lógica en diversos gremios de la capital, perpetuando un sistema de usura a la sombra de la administración pública.
