Un severo esquema de irregularidades aduaneras, que comenzó con guías de importación no declaradas por un valor superior a los 1.8 millones de dólares, ha escalado hasta convertirse en un complejo proceso penal por contrabando y estafa informática.
El caso salpica directamente a Juan Carlos Plate Ferreira, representante de la firma Remesa Compañía Panamericana de Servicios S.A. (vinculada comercialmente a FedEx), quien actualmente se encuentra imputado por la Fiscalía bajo sospechas de seguir operando de forma clandestina pese a tener sus registros suspendidos.
El origen de este escándalo documental se remonta a noviembre de 2020. En aquel entonces, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) detectó un masivo volumen de mercaderías «fantasma» que ingresaban mediante el Sistema de Transmisión Electrónica de Remesa Expresa (TERE) pero cuyas guías aéreas jamás eran canceladas o regularizadas. Tras confirmarse la grave infracción aduanera de contrabando, la institución rechazó las apelaciones de la firma en abril de 2021 e impuso una multa récord equivalente al doble del valor evadido: la millonaria suma de 3.688.060 dólares.
A pesar de la contundencia de la sanción administrativa y de la suspensión de su registro aduanero por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la impunidad encontró un resquicio legal. El 3 de octubre de 2025, el Tribunal de Cuentas (Primera Sala) otorgó una medida cautelar a favor de la empresa, frenando las potestades punitivas del Estado. Como condición indispensable para gozar de este beneficio, Plate ofreció depositar una garantía de 500 millones de guaraníes en la cuenta judicial. Sin embargo, a más de ocho meses de aquel fallo, la firma no ha depositado un solo guaraní, generando un vacío de descontrol e informalidad institucional.
Lejos de regularizarse, la situación empeoró a inicios de 2026. La agente fiscal Sophia Anatolia Galeano Gavilán formuló una imputación formal sosteniendo que, entre 2020 y fines de 2025, el procesado continuó introduciendo cargamentos de forma totalmente irregular. El componente más agravante de la causa penal radica en el delito de estafa mediante sistemas informáticos. Según el Ministerio Público, Plate Ferreira usó una fachada digital manteniendo activa y actualizada la ubicación, horarios y contacto de la empresa en Google para engañar a usuarios que confiaban en el prestigio de la marca internacional que representaba.
El proceso se tramita formalmente ante el Juzgado Penal de Garantías N° 2 de Luque, bajo la dirección de la jueza María Cecilia Ocampos Benedetti. Actualmente, la representación fiscal cuenta con un plazo de seis meses para recolectar las pruebas finales antes de la acusación. Ante la magnitud de la maniobra y la sospecha de que existan numerosos afectados por este engaño digital, el Ministerio Público emitido una convocatoria pública, instando a cualquier ciudadano que haya sido víctima de este esquema de fachada comercial a presentarse ante la fiscalía zonal de Luque para radicar su denuncia formal.
Fuente: Hector Alegre
